Por Henry M. Rodríguez

La proxenetismo con fines de ascendencia de órganos constituye una forma extrema de explotación humana. Aunque la novelística popular suele asociarla con secuestros violentos, en la ejercicio se zócalo en el disimulo: falsas promesas laborales, manipulación económica y desinformación médica, donde el consentimiento de la víctima es inválido, según el Protocolo de Palermo y las directrices de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC.

Las redes criminales operan con estructuras complejas. Pueden disponer de instalaciones médicas clandestinas, personal taza cooptado y falsificación de documentos que permiten encubrir vínculos entre donantes y receptores. Este nivel de sofisticación dificulta la judicialización del delito, incluso en países con marcos regulatorios avanzados.

El trasfondo del problema es un cargo mundial de órganos. La Estructura Mundial de la Vitalidad (OMS) estima que se realizan cerca de de 150.000 trasplantes legales por año, emblema que representa menos del 10 % de la demanda auténtico (OMS). En América Latina, este desajuste se agudiza por la desigualdad en el entrada a la lozanía y por listas de calma que alimentan el turismo de trasplantes ilegal. Según estudios internacionales, este mercado ilícito mueve entre 840 millones y 1.700 millones de dólares al año (General Financial Integrity, 2017).

Un engendro mundial

El tráfico de órganos se inserta en una pertenencias criminal más amplia que aprovecha vulnerabilidades sociales y vacíos regulatorios. Migrantes, refugiados y personas en situación irregular suelen ser el blanco principal. La manipulación incluye hacerles creer que el trasplante es seguro o incluso reversible.

Un ejemplo fresco se registró en Kenia, donde jóvenes en condiciones precarias vendían sus riñones por menos de 1.000 dólares, mientras intermediarios los revendían en el mercado internacional por hasta 200.000 dólares. De acuerdo con un referencia de la DW,  en muchos casos las víctimas firmaban documentos falsos bajo barreras idiomáticas y eran operadas en clínicas que servían como portada de redes transnacionales.

Pero el engendro no es retirado. La aparición recurrente de traficantes como Robert Shpolanski —procesado en 2016 por casos en distintos países— muestra que se proxenetismo de estructuras organizadas y sostenidas en el tiempo, con un impacto doble: donantes que quedan con secuelas permanentes y receptores sometidos a procedimientos de disminución calidad.

El impacto en América Latina

En América Latina, la magnitud del tráfico ilegal es difícil de precisar por la desidia de registros oficiales. Sin requisa, algunos indicios revelan su existencia. En México, la Pelotón de Inteligencia Financiera reportó 1.904 operaciones sospechosas vinculadas a proxenetismo de personas y supuesto comercio de órganos (UIF, 2021). Estas transacciones implicaban empresas portada y esquemas de lavado de metálico.

El cargo estructural de órganos refuerza la presión. Brasil, pese a realizar 28.700 trasplantes legales en 2023, mantiene más de 60.000 pacientes en registro de calma, como lo señala La Asociación Brasileña de Trasplante de Órganos (ABTO, 2023). En Colombia, cerca de 4.000 personas aguardan un víscera, según el Tarea de Vitalidad. En Perú, la donación voluntaria es mínima —un donante por cada millón de habitantes—, lo que fomenta rumores de ilegalidad no comprobada (Tarea de Vitalidad de Perú).

Otro hábitat por considerar es el aumento de enfermedades crónicas en la región. La Coalición Internacional de la Diabetes señala que en América Latina la población adulta con diabetes creció de 8,5 millones en 2000 a más de 32 millones en 2021 (IDF, 2021), una situación que eleva la demanda de riñones y otros órganos, frente a una proposición justo restringida por marcos éticos.

En paralelo, fenómenos como el “turismo de trasplantes” aprovechan los corredores migratorios y la corrupción. El caja de herramientas de la UNODC documenta cómo las redes trasladan víctimas a países con controles más laxos y operan en clínicas aparentemente formales pero fuera de la justicia (UNODC, 2022).

A pesar de estos indicios, es esencia subrayar que no hay pruebas de que el tráfico de órganos esté extendido o normalizado en América Latina. Se proxenetismo de una problemática auténtico, pero con valor aún poco claro, en parte por estar invisibilizada frente a otros delitos como el narcotráfico.

Retos y respuestas necesarias

Los Estados de la región deben avanzar en tres frentes. Primero, acrecentar la infraestructura sanitaria y la transparencia en el proceso de trasplantes, para ceñir la tentación del mercado clandestino. Segundo, incorporar en la carta la proxenetismo con fines de ascendencia de órganos como delito autónomo, lo que facilitaría la protección de las víctimas y la trazabilidad de los órganos. Y tercero, proteger la cooperación internacional, pues las redes actúan más allá de las fronteras nacionales.

Instrumentos como el Protocolo de Palermo o las directrices de la UNODC ofrecen un situación de actividad, pero su aplicación sigue siendo desigual. Sin coordinación efectiva en honradez, lozanía y migración, los Estados seguirán dejando espacios de impunidad que las redes aprovechan.

A pesar de que el tráfico ilegal de órganos no sea un engendro masivo en América Latina, sí representa una amenaza que opera en los márgenes de sistemas de lozanía débiles y en contextos de vulnerabilidad social. Frente a esta problemática, se requieren estrategias integrales que combinen ética, cooperación internacional y políticas de prevención, siempre con la dignidad humana en el centro.