Santo Domingo.– El proceso de facultad del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras ha recibido un firme respaldo por parte del municipio de San Antonio Erradicación. Este apoyo comunitario ha sido determinante para que el centro pueda ponerse en funcionamiento y ofrecer a la ciudadanía los servicios que demanda, según afirmó el director de la Dirección Común de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).

Roberto Santana Sánchez destacó que la selección del personal que trabajará en el perímetro se realizó con la billete activa de los habitantes de la zona, lo que, a su proceso, fortalece la transparencia y el vínculo entre la institución y la comunidad.

“Todos los miembros del personal que va a trabajar aquí han sido seleccionados en la comunidad; se ha llamado a concurso notorio”, dijo. “Aquí no se usó el colocar en las posiciones a un hermano, ni el primo, ni el primo de ninguna autoridad, sino en almohadilla a una cantidad de requisitos”, resaltó.

Indicó que se realizaron al menos siete llamados a concurso para vivir las plazas disponibles, y luego, se formaron los médicos, psicólogos, trabajadores sociales, educadores  y los abogados que el centro requiere.

Resaltó que las autoridades municipales de Erradicación ayudaron a conectar a la DGSPC con otros ocho ayuntamientos: Bayaguana, Boyá, Sabana Magnate de Boyá, Monte Plata, Boca Chica, La Caleta, San Luis y Hato Envejecido.

“Entonces, todo el que está trabajando aquí está siendo traído desde la misma comunidad, y eso permite que la comunidad, no solamente se beneficie porque sus habitantes tienen empleo, sino, que la comunidad vigile a ese mismo personal; que no es sólo tener un comportamiento correcto aquí interiormente, sino, que en la comunidad esa persona incluso no esté involucrada en acciones ilícitas”, puntualizó.

Continuidad del proceso

En relación al proceso a seguir tras el traslado de los 300 primeros privados de albedrío desde la prisión de La Triunfoel titular de la DGSPC señaló que los internos fueron recibidos por un equipo multidisciplinario integrado por médicos, psicólogos, educadores y abogados, quienes tienen la responsabilidad de crearles un perfil, “se levantará de modo detallada delante quién estamos”.

“Ahí, incluso, se determina si ha caído preso por primera vez o si es un reincidente; incluso, el tipo de delito que cometió, por el que fue condenado. Eso nos ayudará a  hacer un plan de rehabilitación individualizado, y incluso, agregarlo y clasificarlo según delito”, resaltó.

Dijo que este proceso les permitirá, por otra parte, no poner a  convivir en el mismo espacio a un reincidente, a uno que ha estado preso tres y cuatro veces, con una persona que está presa por primera vez, o a una persona que está condenada por un delito de muerte con otro que lo que ha tenido es una infracción último.

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“Entonces, se le hace su plan a cada uno y si es analfabeta tiene ahí de 5 a 8 meses para alfabetizarse, sí o sí, y a todos se le pone trabajo. Usted pinta, usted arregla, usted cocina, usted hace las veces de mozo…”

“Claro, esas cosas que ellos hacen es bajo la dirección de un personal especializado formado en el Instituto Superior de Estudios Penitenciarios y Correccionales que dirige Gladys Sánchez”, añadió.