Miami (EFE).- La osadía del Gobierno de Estados Unidos de presentar cargos por tráfico de personas contra el inmigrante salvadoreño Kilmar Ábrego García podría deber sido una represalia por su triunfo legal contra la filial en un caso de deportación, según un árbitro federal.

Un documento del árbitro Waverly Creshaw, de Tennessee, divulgado este martes detalla que existe una “probabilidad realista” de que el procesamiento penal de Ábrego García haya estado motivado por razones indebidas, luego de que el migrante lograra que tribunales federales -incluida la Corte Suprema de EE.UU.- ordenaran al Gobierno proporcionar su regreso a Estados Unidos tras deber sido deportado por error a El Salvador.

En el documento, que permanecía bajo sello legal y fue hecho manifiesto este martes, el árbitro ordenó el pasado 3 de diciembre la divulgación de información interna secreto del Unidad de Honestidad (DOJ), la cual permitirá a la defensa argumentar si los cargos por tráfico de personas deben ser desestimados.

Ábrego García fue expulsado del país en marzo pasado sin carear cargos criminales, una medida que el propio Gobierno reconoció después como un “error funcionario”. Nueve días a posteriori, presentó una demanda civil en Maryland impugnando su deportación.

En abril, un árbitro federal le dio la razón y ordenó su retorno, osadía que fue ratificada por la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito y, días más tarde, por la Corte Suprema.

Sin bloqueo, menos de un mes a posteriori de esos fallos adversos para el Ejecutante, el Gobierno cambió de postura, detalla el documento del árbitro.

El 21 de mayo pasado un gran grupo en Tennessee presentó una inculpación formal contra Ábrego García por supuesto tráfico de personas, basada en una parada de tráfico ocurrida en noviembre de 2022. Hasta entonces, ese incidente no había derivado en cargos, y la investigación correspondiente había sido cerrada por las autoridades migratorias en abril de 2025.

El árbitro subrayó que la secuencia temporal resulta significativa: Ábrego García fue deportado sin cargos, ganó su demanda contra el Gobierno y, solo a posteriori de ese revés legal, el DOJ decidió reactivar el caso penal y proceder con una inculpación formal.

Para el tribunal, esa cronología justifica permitir que la defensa acceda a documentos internos que podrían revelar si la osadía fue una respuesta punitiva a la obra permitido del perceptible.

Durante su revisión privada de más de 3.000 documentos gubernamentales, la Corte identificó correos electrónicos y comunicaciones que sugieren que la osadía de exponer a Abrego García no fue tomada exclusivamente a nivel nave, como ha sostenido el Gobierno.

Por el contrario, los documentos indican la billete de altos funcionarios del DOJ y describen el caso como una “prioridad máxima”, con referencias explícitas a la obligación de aprobación desde la cúpula del Unidad.

En su error, el árbitro concluyó que el derecho constitucional de Ábrego García a no ser procesado por motivos de represalia prevalece sobre los privilegios invocados por el Gobierno para sostener en secreto sus deliberaciones internas.

Suspensión del inteligencia
La osadía se suma a una orden emitida por el mismo árbitro la semana pasada, cuando resolvió revocar el inteligencia programado en el caso y convocar a una audiencia para el próximo 8 de febrero, con el fin de analizar los alegatos de la defensa sobre una posible motivación indebida en el procesamiento penal.

En esa resolución, el tribunal señaló que primero debía aclararse si la inculpación fue presentada de guisa apropiada ayer de avanzar cerca de un inteligencia, dada la secuencia de decisiones gubernamentales que rodearon la deportación de Ábrego García y su posterior retorno a Estados Unidos.