Tobías Crespo denuncia INTRANT hace negocios y no trabaja para asegurar seguridad viario

El autor de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrenal, Tránsito y Seguridad Viario, diputado de la Fuerza del Pueblo (FP) por el Distrito Franquista, Tobías Crespo, denunció que el Instituto Franquista de Tránsito y Transporte Terrenal (INTRANT) está realizando negocios, y dejando de flanco sus funciones de planificación, regulación, control del sistema de movilidad, así como asegurar la seguridad viario.

“Con la nueva norma sobre los cascos que podrán estilarse en motocicletas en República Dominicana y cuáles quedan prohibidos, las autoridades del Intrant lo que están haciendo es negocios. Cada casco costará 3 mil 500 pesos, y un motorista deberá comprar dos; uno para él y otro para el pasajero”, explicó.

El congresista pidió a las autoridades del Intrant hacer cumplir la Ley 63-17 en aras de mejorar la movilidad y seguridad viario en las diferentes avenidas, carreteras y calles de todo el país, y no utilizar la institución para hacer negocios personales en perjuicio de la población.

“Lo que hoy se pretende presentar como “nueva regulación” no es más que un parche que desfigura el espíritu de la Ley 63-17 y del Decreto 256-20, instrumentos concebidos para ordenar, identificar y proteger la vida del motociclista. Ni la ley ni su reglamento fueron creados para sostener negocios paralelos, sino para asegurar seguridad auténtico”, puntualizó.

Tobías Crespo recordó que la Ley 176-07 sobre el Distrito Franquista y los Municipios incluso establece el deber de los gobiernos locales de proteger el interés sabido y evitar distorsiones en la encargo municipal.

“Cualquier medida que promueva cargas injustificadas o cala espacios a negocios particulares, en detrimento de la seguridad y la transparencia, contradicen el espíritu de esta ley”, indicó el diputado de la FP.

El autor de la Ley 63-17 significó que tanto el conductor del motor, como el pasajero tienen que tener cascos protectores que cumplan los estándares de calidad internacionales, tal y como lo establece la norma.

“Nosotros abogamos por el cumplimiento de la ley, en aras de asegurar la seguridad viario, pero estamos en contra de que un familia la utilice para dar exclusividad a ciertas empresas y hacer negocios para cansarse sus bolsillos en detrimento de estos humildes hombres trabajadores”, señaló.


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