UE – El fiscal normal de Texas, el republicano Ken Paxtonpresentó este miércoles una demanda contra el Condado de Bexar y sus comisionados por supuestamente asignar ilegalmente fondos de los contribuyentes para financiar la defensa procesal de inmigrantes que enfrentan la deportación.

En un comunicado, Paxton explicó que en diciembre pasado la Corte de Comisionados del Condado de Bexar aprobó la asignación de 566.181 dólares de fondos públicos para proporcionar servicios legales a inmigrantes indocumentados, lo que violaría la ley estatal, según la demanda.

«Los fondos estatales no pueden financiar servicios de defensa contra la deportación para personas que se encuentran ilegalmente en el país», advirtió el fiscal en un comunicado.

Detalles sobre la asignación y uso de fondos públicos

El fiscal republicano alega que se han usado hasta un millón de dólares de billete sabido para apoyar a los inmigrantes.

El Condado de Bexar creó un fondo de Servicios Legales de Inmigración en 2024 para apoyar a residentes del campo de acción que se hayan conocido afectados por los operativos migratorios, al igual que otras zonas lideradas por demócratas como Los Ángeles.

En su demandaPaxton ha solicitado una orden de restricción temporal para que el condado entregue los fondos y para impedir que se celebre o renueve cualquier acuerdo que financie la defensa contra la deportación o servicios legales relacionados con la inmigración.

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• El condado de Bexar es el cuarto más poblado de Texas, con unos dos millones de habitantes e incluye a la ciudad de San Antonio.

Paxton ya intentó estrechar los fondos asignados a ayudar a inmigrantes del condado de Harrispero perdió la batalla procesal posteriormente que un togado rechazara el caso.

Los defensores de los inmigrantes han criticado la demanda de Paxton, argumentando que el camino a representación procesal es un derecho fundamental que ayuda a asegurar un proceso ajustado.

Señalan que los fondos del condado no crean un incentivo para la inmigración ilegal, sino que buscan proteger los derechos de personas que ya viven en la comunidad y que podrían desavenir consecuencias graves sin audiencia procesal.

Por su parte, algunos legisladores demócratas han señalado que la hecho del fiscal podría tener implicaciones políticas más amplias, convirtiéndose en un precedente para circunscribir la capacidad de los gobiernos locales de proveer servicios esenciales a poblaciones vulnerables.

Mientras tanto, el caso promete prolongarse en los tribunales, generando expectativas sobre cómo se interpretará la ley estatal frente a las iniciativas locales de apoyo a inmigrantes.