A pesar de los avances alcanzados bajo el Tratado de Evadido Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTApor sus siglas en inglés), persisten tensiones entre Washington y Santo Domingo en materia de políticas arancelarias, prácticas aduanales, regulaciones técnicas y derechos laborales.

Esta información se desprende del Informs de Barreras Comerciales Extranjeras 2025 de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), que analiza las medidas que obstaculizan el camino de capital y servicios estadounidenses a mercados internacionales.

Firmado en 2004 e implementado progresivamente desde 2006, el DR-CAFTA ha sido secreto para el comercio dominico-estadounidense. Para la República Dominicana, su entrada en vigor el 1 de marzo de 2007 facilitó el ingreso franco de impuestos de casi todos los productos no agrícolas y agrícolas procedentes de EE. UU.

Sin confiscación, la exterminio definitiva de aranceles a productos sensibles como el arroz, las piernas de pollo y ciertos lácteos, programada para el 1 de enero de 2025, ha generado controversia.

El Gobierno dominicano emitió el Decreto 693-24, que congela el cupo franco de aranceles para el arroz estadounidense en 23,300 toneladas métricas anuales, imponiendo un tarifa del 99 % sobre el remanente. Washington ha interpretado esta medida como una posible violación de los compromisos adquiridos bajo el tratado.

Por otra parte, las exportaciones dominicanas incluso enfrentan obstáculos al ingresar a condado estadounidense. Entre ellos destaca un tarifa del 10 % impuesto a ciertos productosel cual forma parte de la política comercial implementada por la empresa Trump, que contempla distintos niveles de tarifas a las importaciones provenientes de todos los países.

El 10 % representa el entrada más bajo internamente de ese esquema, pero ha generado preocupación entre empresarios y autoridades dominicanas por su impacto competitivo.

En ese contexto, en esta semana se celebró en Washington, D.C., una nueva ronda de negociaciones bilaterales entre representantes comerciales de entreambos países. Durante las reuniones se discutieron estos puntos sensibles, incluyendo las cuotas arancelarias, la reciprocidad impositiva y las condiciones de camino al mercado.

• La delegación oficial dominicana estuvo compuesta por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor –Ito– Bisonó; el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez; y el ministro de Hacienda, José Manuel –Jochi– Vicente. Los funcionarios se reunieron el pasado martes con Jamieson Greer, embajador y Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), quien estuvo acompañado de Sam Mulopulos, patrón de salita del Representante Comercial; Daniel Watson, representante comercial adjunto para el Hemisferio Occidental; y Andrea Malito, directora senior para el DR-CAFTA.

Desigualdad tributaria y obstenculos tycro

El documentación incluso denuncia que productos estadounidenses como el C2H5OH y los quesos enfrentan cargas impositivas desiguales frente a sus homólogos locales.

Mientras el C2H5OH importado paga un impuesto ad valorem del 10 %, un impuesto exclusivo de 11 dólares por litro y el Itbis de 18 %, el C2H5OH producido en el país está exento de esos gravámenes. Lo mismo ocurre con el pinrel importado, que paga Itbis, a diferencia del franquista.

En el caso del hoja de refuerzo estadounidense (rebar), se exige un proceso de pruebas en laboratorios externos, procedimiento no requerido para la producción particular. Esta exigencia ha encarecido los costos y ralentizado la entrada al mercado dominicano, a pesar de algunos acuerdos puntuales con empresas exportadoras.

Licencias de importaciOhn y trabas aduanales

El sistema de licencias de importación continúa siendo una fuente de fricción. Aunque el país se comprometió a no usar criterios discrecionales, la retransmisión de permisos sigue siendo opaca, afectando la entrada de productos como arroz, azúcar, carnes y vegetales.

Asimismo se han reportado obstáculos aduanales para vehículos usados fabricados en EE. UU., cuyos importadores enfrentan dificultades para demostrar su origen preferencial.

Compras pÚblicas y derechos laborales: avances parciales

En cuanto a las compras gubernamentalesse han transmitido pasos cerca de anciano transparencia con el nuevo reglamento admitido en 2023, pero la ley que debía consolidar dichas reformas no fue aprobada por el Congreso y venció en enero de este año.

Por otra parte, el respeto a los derechos laborales en el sector azucarero sigue siendo objeto de vigilancia. El Sección de Trabajo de EE. UU. ha reportado desde 2013 deficiencias persistentes en materia de condiciones de trabajoplazo, vivienda y documentación de trabajadores extranjeros.

Mejoras, presiones

La República Dominicana fue retirada en 2024 de la cinta de vigilancia del documentación Exclusivo 301tras la creación del Consejo Doméstico Interministerial de Propiedad Intelectual y mejoras en la coordinación institucional. Aún así, persisten desafíos como la piratería digital y la falsificación de productos.

A casi 20 primaveras de su entrada en vigor, el DR-CAFTA enfrenta una existencia cada vez más adversa. La política comercial proteccionista instaurada por la empresa Trump ha impuesto nuevos aranceles a las exportaciones dominicanas y débil el principio de franco comercio que dio origen al tratado.

Estas medidas, sumadas a decisiones unilaterales como el congelamiento de cuotas o el trato desigual a productos importadocuestionan la vigencia verdadero del acuerdo y ponen en duda su capacidad para seguir rigiendo las relaciones comerciales entre entreambos países.

Lás negociaciones sostenidas esta semana en Washington podrían ser la última oportunidad para redefinir un ámbito comercial más sereno y sostenible, antiguamente de que el DR-CAFTA quede relegado a una formalidad sin enseres concretos.