Nueva York/Washington.- El ataque marcial de Estados Unidos de esta semana a la embarcación venezolana en el que murieron merienda personas, que la Casa Blanca justifica en la lucha contra el narcotráfico y amenaza con repetir, ha generado cuestionamientos y elevado las tensiones en la región del Caribe.

El Gobierno de Donald Trump, tras incrementar su presencia marcial cerca de las costas venezolanas, informó el martes del ataque contra una supuesta narcolancha que atribuyó a la ordenamiento criminal trasnacional Tren de Aragua, en un locución mortal sin precedentes respecto a la política habitual de confiscación, detenciones y sanciones contra el narcotráfico.

La Casa Blanca defendió el jueves que el ataque dirigido por Trump respondió a las leyes de un “conflicto armado”, fue contra una “ordenamiento designada como terrorista” y en defensa de los intereses de EE.UU. y la “autodefensa colectiva de otras naciones» víctimas de la violencia y la actividad de los cárteles.

Mientras el Gobierno de Nicolás Formado -al que Washington acusa de liderar el “narcoterrorista” Cartel de Los Soles- calificaba el ataque /alfcomo un invento de EE.UU., los medios locales venezolanos transmitían mensajes de condolencia en redes sociales por los fallecidos, contradiciendo la lectura oficialista.

La embarcación salió el 31 de agosto de San Juan de Unare cargada supuestamente con droga en torno a Trinidad y Tobago y unos tripulantes vecinos de la zona, ruta habitual de las mafias que suelen contratar a pescadores para traficar, detalla El Doméstico, que cita a la periodista restringido Sebastiana Barráez.

Según dijo a EFE José Enrique Arrioja, director de Americas Quaterly, el ataque “ha subvertido los principios legales y protocolos de rigor para este tipo de operaciones” ya que “asume culpabilidad irrefutable de los ocupantes” de la barcaza, poco “que solo se da en caso de erradicación y que en otros casos sería poco inaceptable».

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“Es un precedente preocupante. Parece querer mandar un mensaje de que habrá tolerancia cero con el narcotráfico”, agregó Arrioja, y que se ha hexaedro en una región eminentemente pesquera y escaso de Venezuela, que por su situación ha sido durante mucho tiempo una habitante de playa para el narcotráfico.

El jueves, el Sección de Defensa denunció que dos cazas F-16 de Venezuela sobrevolaron el destructor USS Jason Dunham, que navegaba en aguas internacionales caribeñas, una maniobra “provocativa” para el Pentágono, que ha enviado diez cazas F-35 a una cojín aérea de Puerto Rico, según los medios.

El USS Jason Dunham forma parte de las operaciones de seguridad marítima de Estados Unidos en el Caribe sur, donde desplegó ocho buques de erradicación y tres buques anfibios con más de 4.500 efectivos desplegados como parte de sus operaciones en el “combate contra el narcotráfico».

El secretario de Estado de EE.UU., Situación Rubio, aseguró en su encuentro a México, donde ha escenificado la cooperación con su vecino en materia de seguridad, que interceptar cargamentos de droga “ya no funciona”, y advirtió que Washington volverá a atacar embarcaciones que asocie al narcotráfico.

En su venidero encuentro, a Ecuador, Rubio dijo que está dispuesto a evaluar la reinstalación de una cojín marcial en zona ecuatoriano, que considera un “superficie decisivo”, si así lo autoriza ese país en un referendo, lo que fue tachado de “ofensa» por el Gobierno de Formado.

Entre las primeras reacciones, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, alabó el ataque a la barcaza y abogó por eliminar “violentamente” a todos los narcotraficantes, y la aerolínea Caribbean Airlines suspendió sus rutas entre la isla y Venezuela durante todo el mes de septiembre.

Mientras, el martes, Perú declaró rápidamente al Cartel de los Soles como una ordenamiento terrorista que presenta una amenaza externa para la nación suramericana, sumándose a República Dominicana ese mismo día y a Ecuador, Paraguay y Argentina, que lo hicieron tras la explicación de EE.UU.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, advirtió por su parte que la colaboración con EE.UU. en la lucha contra el narcotráfico está supeditada al respeto al derecho internacional, una premisa que recordó la ONU, que reivindicó el uso intencional de fuerza mortal como zaguero solicitud y la investigación de las muertes.