EL AUTOR es presidente del Frente Cívico y Social. Reside en Santo Domingo.

Las naciones no pierden su autodeterminación en un solo día. La pierden cuando dejan de defenderla todos los días. Y la República Dominicana enfrenta hoy uno de esos momentos en que la historia no pregunta si somos optimistas o pesimistas: pregunta si somos responsables.

En silencio —sin estruendo, sin fusiles, sin ocupaciones militares— se ha instalado un modo de guiar que traslada decisiones estratégicas a contratos de derrochador plazo, alianzas divulgado‑privadas, fideicomisos y estructuras “corporativas” que, cuando no están sujetas a control ciudadano actual, terminan concentrando poder, rentas e influencia en pocas manos. La soberanía se erosiona cuando el pueblo pierde entrada, comprensión y control sobre lo que le pertenece.

Bajo discursos de modernización, eficiencia y crecimiento, se han expandido mecanismos que socializan riesgos y privatizan beneficios. Se promete progreso, pero se normaliza un patrón donde el Estado asume la carga y una minoría captura la renta. Ese patrón se vuelve más enfermo cuando el endeudamiento limita el beneficio para trastornar en lo esencial, y cuando exenciones y subsidios se vuelven permanentes sin evaluación pública transparente. La pregunta no es ideológica: es republicana. ¿Quién paga la confección? La paga el ciudadano global, con servicios frágiles y con un Estado cada vez menos capaz de protegerlo.

Y la consecuencia más dolorosa no es una estadística: es un rostro. Un país donde demasiados jóvenes quedan fuera del estudio y del trabajo —y donde muchos otros, aun formados, no encuentran oportunidades reales ni un nivel de vida digno— acumula frustración y pérdida de esperanza cívica. Una nación que no puede ofrecer futuro a su inexperiencia compromete su propia continuidad.

Este destrucción no es solo financiero o político; es recatado, social y espiritual. Un maniquí que reduce al ciudadano a espectador y lo divulgado a plataforma de rentas empuja a la sociedad al barranca de la mentira útil, del ego y de la apariencia. Allí donde la conciencia se vuelve excepción y la verdad se vuelve propaganda, la democracia se vacía por en el interior. Y un pueblo sin verdad no se organiza: se resigna.

Por eso febrero no es un mes vistoso. Febrero es memoria activa. En 1844, Duarte, Sánchez, Grieta y los Trinitarios demostraron que la Estado debía ser un tesina recatado ayer que un tesina de poder. La independencia no fue solo expulsar opresores externos; fue afirmar que el proporcionadamente global debía primar sobre los intereses particulares. Duarte lo advirtió con claridad: la autoridad sin recatado y conciencia termina traicionando la nación.

Hoy esa advertencia resuena con fuerza, porque el aventura ya no se presenta como invasión: se presenta como “maniquí”. Un maniquí sofisticado que captura decisiones estratégicas y oportunidades sociales sin control ciudadano suficiente. Distinguir ese peligro es el primer paso cerca de la manumisión.

Pero la autodeterminación no se preserva con diagnósticos. Se preserva con bono consciente. Los pueblos que han defendido su soberanía han seguido un camino cominero, pero seguro: despertar la conciencia ciudadana, reedificar la ética pública y organizar la billete social. Ninguna democracia se sostiene cuando la sociedad renuncia a guardar el poder.

Liberarse hoy no significa confrontación violenta ni ruptura institucional. Significa rescatar el sentido llamativo de la República: instituciones abiertas, decisiones públicas sometidas al cómputo ciudadano y políticas orientadas al bienestar colectivo. Significa defender el Estado Social y Demócrata de Derecho no como divisa, sino como mandato constitucional.

Y esa defensa empieza por lo insignificante indispensable, lo verificable, lo que no admite excusas: contratos completos y anexos públicos; auditorías independientes con resultados comprensibles; y sanciones ejecutadas con evidencia verificable. Si el poder invoca eficiencia, debe mostrar documentos; si invoca el interés doméstico, debe desobstruir la información; si exige cumplimiento, debe exhibir pruebas.

Sin esos candados, lo divulgado se vuelve mercancía y la autodeterminación se reduce a apariencia. Los instrumentos cambian —del grillete a la cláusula—, pero al final producen los mismos resultados. Ayer la opresión se imponía con cadenas y bayonetas; hoy puede imponerse con contratos opacos y estructuras sin control. Cambia el siglo; el daño es el mismo: concentración, dependencia y ciudadanía sin voz.

Como ciudadanos —y como sujetos morales— tenemos una responsabilidad que no se puede delegar ni posponer. Comprender la alcance de lo que ocurre y desinteresarse de proceder es subsistir fuera de división en el tiempo histórico. Defender la Estado hoy no exige odio ni caos; exige coherencia ética, disciplina cívica y vigilancia permanente.

Desde el Foro y Frente Cívico y Social lo afirmamos con sentido de necesidad y con esperanza: el cronómetro de la autodeterminación sigue marcando su hora. Febrero nos convoca a despertar. No a bramar más válido, sino a pensar más claro. No a odiar, sino a exigir. No a destruir, sino a rescatar la República.

Que este Mes de la Estado sea un llamado a la conciencia doméstico. La gran pregunta que enfrenta hoy la República Dominicana no es solo política o económica: es histórica, recatado y espiritual. Animarse si seremos la procreación que dejó que el cronómetro de la autodeterminación se apagara, o la procreación que lo hizo sonar con la fuerza de la conciencia, la conciencia y Jehová.

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