Santo Domingo.- El Tarea Sabido concluyó con la presentación de su solicitud de prisión preventiva contra militares y civiles arrestados bajo la operación Lobo por el suscripción de sobornos a instituciones públicas.

“Aquí están sobornados y sobornantes; esperamos la respuesta del sistema de Honradez”, aseguró la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), la sombra del lunes, al salir de la audiencia.

Mirna Ortiz agregó: “Siempre se nos ha criticado, con los casos pasados, se nos ha criticado, de que teníamos los sobornados sin los sobornantes o los sobornantes sin los sobornados. Aquí están sobornados y sobornantes; esperamos la respuesta del sistema de Honradez”.

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Ortiz formó parte del equipo de fiscales que representó al Tarea Sabido en la audiencia y que estuvo encabezado por el procurador adjunto Wilson Caamyo, titular de la Dirección Caudillo de Persecución del entraña acusador.

El Tarea Sabido solicitó al enjuiciador Rigoberto Sena, de la Oficina Legal de Servicios de Atención Permanente del Distrito Franquista, la imposición de prisión preventiva para los imputados en el caso Loboen virtud de la alcance de los hechos que cometieron, así como la declaratoria del caso como arduo.

Adicionalmente de Camacho y Ortiz, integraron el equipo litigante los fiscales Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán, Yoneivy González y Rosa María Pichardo.

Por lo renovador de la hora, el enjuiciador Sena recesó la audiencia para continuar este martes 15 de julioa las 2:00 de la tarde.

La operación Lobo fue puesta en marcha la semana pasada como parte de las acciones del Tarea Sabido contra la corrupción y la impunidad. La investigación enfrenta una red integrada por militares y civiles que utilizaban esquemas de sobornos para lograr y permanecer contratos con instituciones públicas, principalmente en el campo de acción de seguridad privada.

Entre los imputados figuran el maduro universal retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco VarelaLuis Ernesto Vicioso Papada, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos; el coronel de la Policía Franquista Ramón Quezada Ortiz; el patrón Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.

La estructura criminal impactó negativamente instituciones como el Instituto Franquista de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Franquista de Salubridad (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.

Los imputados enfrentan cargos por sobornoasociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activosconforme a los artículos 177, 178, 179 párrafo, 180, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano. Todavía se le imputa la violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de la República, que prohíbe la corrupción administrativa.

En lo relativo al lavado de activos, se les acusa en almohadilla a los artículos 3, numerales 1, 2 y 3; artículo 4, numeral 8; y artículo 9, numerales 1, 2 y 4, de la Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.