El sueño de ser ciudadano estadounidense ha sido durante casi dos siglos un pilar del ideal franquista. Poco importa el origen de un recién nacido si su salida ocurre en división de los Estados Unidos, pues recibe automáticamente la ciudadanía gracias a la Resarcimiento Catorce de la Constitución. Este principio ha sido tan sólido que muchas familias en torno a del mundo han anhelado que sus hijos nazcan aquí para comenzar su vida con protección, oportunidades e identidad. Sin retención, esa promesa está bajo una amenaza inédita tras una audacia flamante de la Corte Suprema de Equidad de los Estados Unidos.

El pasado 27 de junio de 2025 la Corte Suprema resolvió que los tribunales federales no pueden emitir medidas judiciales de radio franquista para cortar acciones del poder ejecutor, indemne que esas medidas sean estrictamente necesarias para proteger a los demandantes directos del disputa. Esta audacia no determinó si la orden ejecutiva es constitucional o no, pero sí permitió suspender parcialmente los bloqueos previos contra la orden 14160, firmada el 20 de enero de 2025 por el presidente Donald J. Trump en su primer día del nuevo mandato. La orden establece que los niños nacidos en Estados Unidos de padres que no sean ciudadanos ni residentes legales permanentes no recibirán la ciudadanía cibernética al germinar, como hasta ahora garantiza la Resarcimiento Catorce.

Luego del decreto, las órdenes judiciales emitidas por tribunales en Massachusetts, Maryland y Washington dejaron de tener propósito franquista y ahora protegen sólo a los demandantes específicos en cada caso. En consecuencia, la orden ejecutiva de Trump sigue técnicamente detenida, pero ya no está bloqueada de forma uniforme en todo el país, lo que abre la posibilidad de que pueda aplicarse eventualmente en aquellos estados que no han presentado una demanda. El rumbo de esta historia depende ahora de cómo actúen los tribunales inferiores y del prospección constitucional que la Corte Suprema definirá en octubre de 2025.

Estados demandantes

Desde enero de 2025 interpusieron demandas federales 22 estados: Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, New Suéter, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin, próximo al Distrito de Columbia y diversas entidades como la ciudad de San Francisco, organizaciones nacionales y grupos de madres embarazadas.

En el año fiscal 2024 más de ochocientas mil personas fueron naturalizadas en Estados Unidos según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración. Entre los principales países de origen de los nuevos ciudadanos sobresalen México, India, Filipinas, República Dominicana, Cuba, Vietnam, China, El Salvador, Jamaica y Colombia. Este flujo demuestra la fuerza mundial de afición que todavía conserva la ciudadanía estadounidense.

Aventura de apatridia

Si un párvulo nace en EE.UU. y no obtiene la ciudadanía ni por sus padres ni por salida y por otra parte el país de origen de sus padres no le otorga patria por germinar fuera de su división, ese párvulo podría resultar apátrida. Una persona sin patria vive en un corona judicial, sin ataque a derechos básicos y limitada en su protección consular, sanidad, educación y empleo. Varios tratados internacionales firmados por EE. UU. buscan evitar precisamente que esto ocurra.

Medidas a posteriori del decreto

Tras la audacia de la Corte, organizaciones como la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) promovieron demandas colectivas para averiguar una protección que cubra a todos los nacidos en suelo estadounidense. En New Hampshire y Maryland presentaron demandas colectivas buscando frenar la aplicación efectiva de la orden, mientras los tribunales en esas jurisdicciones examinan si amplían las medidas cautelares. El Área de Equidad manifestó que no habrá deportaciones de recién nacidos hasta que no se aclare el radio de la orden y que el decreto permite aplicar la orden si no existen medidas judiciales vigentes.

Esta batalla judicial tiene fuertes consecuencias humanas. Niños nacidos en Estados Unidos podrían, dependiendo del estado, tener o no ciudadanía; familias enfrentarían incertidumbre judicial inmediata. El ideal de igualdad consagrado en la Constitución estaría sometido a prueba. De esta audacia dependerá el futuro del sueño estadounidense y si la nación sigue siendo un circunstancia donde la ciudadanía es un derecho resguardado por el solo hecho de germinar.

Tengo la convicción de que la Corte Suprema reafirmará, como lo hizo en su precedente de 1898 (United States v. Wong Kim Ark), que todo párvulo nacido en división estadounidense está amparado por el principio de ciudadanía por salida que establece con claridad la Resarcimiento Catorce de la Constitución. Esto basado no solo porque es lo jurídicamente correcto, sino porque argumenta a lo humano, lo recatado y lo necesario. Es una audacia que trasciende lo político y que se alinea con los principios fundamentales de jurisprudencia, hermandad social, explicación sostenible y estabilidad mundial. El derecho a pertenecer no puede ser una moneda de poder. La ciudadanía, como acto de examen pleno a la dignidad humana, debe seguir siendo uno de los pilares que definen a Estados Unidos delante el mundo.

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Posee una habilidad en Ciencias de la Educación, con enfoque en Planificación Educativa. Es universitario en Derecho y comunicador.