Santo Domingo.- La Dirección Genérico de Contrataciones Públicas (DGCP) informó que suspendió de oficio 38 Registros de Proveedores del Estado (RPE) correspondientes a funcionarios de primer y segundo nivel jerárquico en el Estado por encontrarse en el interior del régimen de inhabilitados.
Entre los registros suspendidos mediante la resolución número DGCP44-2025-002579 figuran ministros, viceministros, directores, subdirectores, consultores jurídicosintendentes, alcaldes y regidores, que están legalmente impedidos para ser oferentes o suplir capital, obras o servicios a instituciones del Estado, conforme lo establece la reglamento actual prevista en el artículo 14 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
La DGCP suspendió 38 Registros de Proveedores del Estado por funcionarios inhabilitados
La DGCP informó que durante la presente gobierno, se han suspendido 567 registros de proveedores, en fiel cumplimiento del artículo 14 de la Ley 340-06, reforzando así el compromiso institucional con la derecho, la ética pública y la lucha contra los conflictos de interés.
La medida, es el resultado de un cruce sistemático de información realizado por los departamentos de Comprobación y Gobierno de Proveedores.
El entraña rector afirmó que estas suspensiones son medidas preventivas adoptadas para certificar la integridad del Registro de Proveedores del Estado y forman parte de los cruces de información que se realizan de forma regular, con el objetivo de avisar posibles conflictos de interés y reforzar el control en los procesos de contratación pública.
En ese sentido, el director común de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, reiteró que esta medida no constituye una castigo administrativa, sino una batalla preventiva orientada a proteger la integridad del sistema de compras públicas y afirmar el cumplimiento del entorno normativo.
“La detección oportuna y la respuesta institucional en presencia de situaciones que puedan comprometer la transparencia son pilares fundamentales en la actividad de vigilancia que ejerce la DGCP en cumplimiento de su mandato procesal”, subrayó Pimentel.






