La Tercera Sala de la Suprema Corte de Probidad (SCJ) anuló la destitución del sentenciador Juan Francisco Rodríguez Consoro, quien había sido separado de su cargo tras emitir un coche de no ha lado favoreciendo a imputados en el caso Los Tres Brazos. La audacia contesta al memorial de casación interpuesto por los abogados Eduardo Jorge Prats, Luis Sousa Duvergé y Roberto Medina Reyes, representantes del magistrado.

Rodríguez Consoro fue investigado disciplinariamente por su función como sentenciador suplente del Sexto Supremo de Instrucción, donde decidió registrar parcialmente el caso Los Tres Brazos, favoreciendo a algunos imputados.

El Servicio Conocido apeló la audacia y la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Doméstico revocó parcialmente el sentencia, manteniendo el no ha lado para cinco imputados, entre ellos Rosabel Castillo Rolffot y la empresa Titulatec SRL, pero revocándolo respecto a otros acusados.

Después, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Doméstico declaró la acabamiento del proceso por vencimiento del plazo mayor de duración en auxilio de los demás imputados. Actualmente, el caso sigue irresoluto en la Suprema Corte de Probidad.

Fundamentos de la SCJ

Según un comunicado, la SCJ determinó que el TSA incurrió en vicio sustancial de motivación, al no considerar alegatos secreto de la defensa de Consoro, incluyendo:

• Violación al derecho de defensa en la suspensión provisional.

• Notificación tardía e irregular del inicio de la investigación disciplinaria.

• Presunta violación a la presunción de inocencia por filtración de información a la prensa.

• Errata de integración de su expediente personal al proceso.

• Supuesta desnaturalización de hechos relacionados con un contacto telefónico con un fiscal.

El documento precisa que estas omisiones constituyeron violación al oportuno proceso constitucional chupatintas, por lo que la SCJ procedió a la casación y remitió el caso a la Segunda Sala del Tribunal Superior Oficial para un nuevo examen.

Informes y acusaciones

El sentenciador Consoro había denunciado públicamente una “campaña de descrédito” en su contra por parte de miembros del Servicio Conocido, señalando asimismo al presidente de la Suprema Corte, Luis Henry Molina, y al Consejo del Poder Legislativo, alegando que la destitución respondía a presiones políticas y mediáticas.