EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

Un Estado impregnado de modernidad se sostiene en el rotundo respeto a su Constitución Política y obediencia y estricta aplicación de las leyes adjetivas, sin lo cual no sería posible sustentar la gobernanza ni encaminar a la nación por senderos de jurisprudencia, equidad, crecimiento y incremento.

A la par con infraestructuras como medida, monorrieles, teleféricos, autovías, carreteras, puentes, avenidas, presas y canales de peligro, se requiere que se promuevan oleajes de modernidad en la superestructura procesal–política que permitan a los ciudadanos lograr  a  la innovación institucional.

La sociedad dominicana, aun enferma de retroceso y con aun con severos signos de dilatada flagelación  en su organismo social infringida por la tiranía, pudo dar un significativo paso de avance en 1962 con la celebración de elecciones libres y la redacción de una Constitución Política de las más avanzadas en su tiempo.

Bajo la premisa de que las condiciones materiales de existencia en un conglomerado social signan el destino de sus instituciones  jurídico-políticas, se entiende  entonces, las razones por las cuales el  gobierno de Juan Bosch ni su Carta Magna Desprendido no lograron sobrevivir.

Al presidente Joaquín Balaguer se le reconoce el impulso y aprobación del Código Rústico que  alivió en poco la tragedia que significó la posesión de  la veterano parte de tierras productivas en pocas manos hateras, al fragor de la cual  emergieron los parceleros de la Reforma Agraria.

La revés a la democracia formal en 1978 trajo consigo leyes de gran impacto como la que dispuso  la espontaneidad de los presos políticos y retorno de los exiliados, aunque en términos formales, se mantuvo la estructura de dominación política y social de  sectores vinculados  con la tiranía.

Los oleajes de modernización institucional más trascendentes se produjeron a partir de 1994, con las reformas al Poder Contencioso y al Servicio Publico, así como la puesta en vigencia de un nuevo Código Procesal Penal, la creación del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Itla), con lo cual se desbrozaron caminos en torno a la innovación.

La Reforma Constitucional de 2010 consolidó en términos estructural a la democracia dominicana, con la creación del Tribunal Constitucional,  a lo que se agregan el Consejo Franquista de la Magistratura, del Poder Contencioso y del Servicio Divulgado.

El presidente Luis Abinader se inscribió entre los estadistas que dejan su impronta en los oleajes de consolidación democrática, con su reforma constitucional que blindó el principio de no reelección presidencial consecutiva y la independencia del Servicio Divulgado.

Más de sesenta primaveras luego del ajusticiamiento de Trujillo, la sociedad aguarda que el Congreso apruebe los nuevos códigos Penal, Procesal Penal y Gremial, que ojalá sea antaño de que concluya esta reunión, si no es mucho pedir.

Jpm-am