Un Estado impregnado de modernidad se sostiene en el incondicional respeto a su Constitución política y obediencia y estricta aplicación de las leyes adjetivas, sin lo cual no sería posible sustentar la gobernanza ni encaminar al país por senderos de razón, equidad, crecimiento y explicación.

A la par con infraestructuras como metropolitano, monorrieles, teleféricos, autovías, carreteras, puentes, avenidas, presas y canales de riego, se requiere que se promuevan oleajes de modernidad en la superestructura sumarial–política que permitan a los ciudadanos ingresar a la innovación institucional.

La sociedad dominicana, aun enferma de relegamiento y con severos signos de dilatada flagelación en su cuerpo social infringida por la tiranía, pudo dar un significativo paso de avance en 1962 con la celebración de elecciones libres y la redacción de una Constitución política de las más avanzadas en su tiempo.

Bajo la premisa de que las condiciones materiales de existencia en un conglomerado social signan el destino de sus instituciones, se entienden las razones por las cuales el gobierno de Juan Bosch ni su Carta Magna Libre no lograron sobrevivir.

Al presidente Joaquín Balaguer se le reconoce el impulso y aprobación del Código Rural que alivió en poco la tragedia que significó la posesión de la veterano parte de tierras productivas en pocas manos, al fragor de la cual emergieron los parceleros de la Reforma Agraria.

La dorso a la democracia formal en 1978 trajo consigo leyes de gran impacto como la que dispuso la dispensa de los presos políticos y retorno de los exiliados, aunque en términos formales, se mantuvo la estructura de dominación política y social de sectores vinculados con la tiranía.

Los oleajes de modernización institucional más trascendentes se produjeron a partir de 1994, con las reformas al Poder Legal y al Tarea Publico, así como la puesta en vigencia de un nuevo Código Procesal Penal, la creación del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, con lo cual se desbrozaron caminos cerca de la innovación.

La Reforma Constitucional de 2010 consolidó en término estructural a la democracia dominicana, con la creación del Tribunal Constitucional, a lo que se agregan el Consejo Doméstico de la Magistratura, del Poder Legal y del Tarea Notorio.

El presidente Luis Abinader se inscribió entre los estadistas que dejan su impronta en los oleajes de consolidación democrática, con su reforma constitucional que blindó el principio de no reelección presidencial consecutiva y la independencia del Tarea Notorio.

Más de 60 posteriormente del ajusticiamiento de Trujillo, la sociedad aguarda que el Congreso apruebe los nuevos códigos Penal, Procesal Penal y Sindical, que ojalá sea ayer de que concluya esta asamblea, si no es mucho pedir.