La neutralidad británica comenzó el miércoles a examinar una demanda contra Sting presentada por los otros dos miembros de la pandilla musical la policiaque consideran no ocurrir recibido su parte reto de los derechos de autor procedentes del “streaming”.

El guitarrista andy veranos y el escuadra Stewart Copeland calculan que han dejado de percibir “más de dos millones de dólares“, según la demandaconsultada por la AFP.

La demanda fue presentada a finales de 2024 en presencia de el Tribunal Superior de Londresque aborda el caso el miércoles y el jueves en el entorno de una audiencia preliminaraunque no se tráfico aún del pleito propiamente dicho.

Nadie de los tres miembros del categoría está presente en esta audiencia preliminar.

Los demandantes se basan en un acuerdo de hace casi 50 primaveras, que estipula que cada miembro del categoría percibe, en calidad de arreglistael 15% de los derechos de autor generados por las composiciones de los otros.

Picadura, bajista y cantante del trío, es encima el autor de todos los grandes éxitoscomo roxana oh Mensaje en una botella.

El líder del trío musical percibe con mucha diferencia la anciano parte de los derechos de autor del categoría, que publicó cinco álbumes entre 1978 y 1983.

Pero el acuerdo permite distinguir la contribución de los otros dos miembros, como las partes de guitarra de andy veranos en Cada respiro que tomas.

Acuerdo

El acuerdo entre los tres músicos se alcanzó inicialmente de forma vocal en 1977 y se formalizó por escrito en 1981, en una época en la que el “transmisión” musical no existía.

El trato fue reiterado en 2016 en un acuerdo destinado a resolver todos los litigios financieros entre los miembros del categoría, sin que el término “streaming” se mencionara explícitamente.

El demanda se centra en la calificación de los ingresos procedentes de servicios como Spotify, Deezer o Apple Music a mercancía del reparto de los derechos de autor.

Los representantes de Picaduraque vendió su repertorio musical a Universal en 2022 por un coste estimado por los medios estadounidenses en 250 millones de dólares, denuncian un “intento ilegítimo” de reinterpretar el acuerdo e incluso consideran que algunas de las sumas abonadas podrían constituir un “suscripción en exceso“.