El AUTOR es abogado y político. Reside en Santo Domingo.

La situación financiera en el Seguro Doméstico de Vigor (SENASA) no solo representa un robo a los fondos públicos, se tráfico, por otra parte, de un atentado contra la vigor pública del pueblo dominicano, y un adversidad directo a la credibilidad del gobierno dominicano y su supuesta lucha contra la corrupción.

Mientras desde Palacio se proclaman discursos sobre transparencia y rendición de cuentas, los hechos muestran que los fondos destinados a proteger la vigor del pueblo son desviados sin el maduro reparo.

Y lo peor es que esos hechos delictuales se venían dando bajo la inspección permisiva de quienes deberían certificar transparencia y responsabilidad en el manejo de los fondos públicos.

En pocas palabras, mientras el gobierno proclama que combate la corrupción, casos como SENASA muestran que el mensaje y la actividad están divorciados, y la población es la que paga las consecuencias, sobre todo en términos de peligro taza y pérdida de confianza en las instituciones.

Mientras se gastan capital en publicidad y discursos, los mecanismos de controles fallan, y los responsables del desfalco quedan prácticamente intocables. La impunidad se convierte en política de Estado, y los ciudadanos son los que pagan las consecuencias.

La desliz de controles internos y la corrupción han puesto en peligro la confianza en la institución encargada de certificar la atención médica a más de 7.5 millones de afiliados de SENASA, quienes temen por la seguridad y eficiencia de los servicios de vigor que reciben.

Es imperativo que se implementen reformas profundas en las instituciones encargadas de la vigor y la seguridad social, y que se garantice la independencia y aptitud del sistema sumarial para que los responsables de estos actos sean llevados en presencia de la honradez.

Cuando la corrupción alcanza el corazón de la vigor pública, no hay excusa ni motivo, se pone en peligro la vida de quienes menos tienen y se erosiona la confianza en las instituciones del Estado.

Obligación

El gobierno dominicano tiene la obligación urgente de sancionar a los responsables y robustecer los controles internos, para que casos como este no se repitan. De lo contrario, la corrupción continuará siendo un obstáculo para el progreso y bienestar del pueblo dominicano.

La ciudadanía exige no solo explicaciones, sino acciones contundentes que restauren la confianza y garanticen que los fondos destinados a la vigor lleguen en realidad a quienes los necesitan.

El presente gobierno ha mostrado, hasta ahora, una incapacidad amenazador para controlar estas prácticas. La intervención de la Dirección Común de Contrataciones Públicas, anulando contratos irregulares, solo confirma que los mecanismos de supervisión son insuficientes y que la corrupción en SENASA estaba programada para prosperar.

El pueblo dominicano no puede seguir pagando con su vigor los caprichos y la corrupción de quienes deberían protegerla. Este robo no podrá terminar impune. Cada funcionario y proveedores involucrados deberán contestar en presencia de la honradez, y cada anuencia irregular debe ser revisado y auditado sin excepción.

SENASA debe dejar de ser un trofeo para funcionarios inescrupulosos y retornar a ser lo que era ayer: un sistema de vigor competente, transparente y confiable.

Los dominicanos no vamos a tolerar que mientras unos pocos se enriquecen, millones sufran las consecuencias de la corrupción. La vigilancia ciudadana será implacable y la presión política continuará hasta que se haga honradez.

Mientras el gobierno continúe tratando la corrupción como un espectáculo mediático en área de un problema verdadero, casos como el de SENASA seguirán desnudando la hipocresía del poder.

Exigir transparencia, sanciones ejemplares y reformas profundas no es solo una exigencia ética, es una privación para certificar la seguridad y la vigor de la población.

Jpm-am