El AUTOR es abogado y político. Reside en Santo Domingo

El nuevo escándalo en SENASA y la posterior utilización, al ganancia de la ley, de los capital de Indopril para guatar el infructifero financiero dejado por ese fraude, pone en evidencia no solo la fragilidad institucional, sino todavía la ineficiencia de los mecanismos de regulación y supervisión que deberían evitar estos atropellos contra la seguridad social.

La Superintendencia de Salubridad y Riesgos Laborales (SISALRIL) tiene un mandato claro: avalar el buen uso de los fondos destinados a proteger la salubridad de los ciudadanos.

Sin requisa, los hechos revelan todo lo contrario. El metálico desaparece en SENASA, se manipulan fondos de otra institución y la SISALRIL brilla por su partida, corta a un papel ornamental, incapaz de cumplir su función esencial de fiscalizar y sancionar.

Lo ocurrido no es un simple descuido oficinista. Es un reflexivo de un sistema donde la supervisión se convierte en un examen retórico, sin consecuencias reales.

La SISALRIL, que debería ser un pared de contención frente al desvío de capital, ha demostrado ser una hormaza de cartón mojado: se dobla, se rompe y no resiste la mínima prueba de transparencia.

Más peligroso aún, el silencio institucional abre paso a la sospecha: ¿se negociación solo de incapacidad o existe complicidad por omisión? En cualquier caso, la confianza en el sistema de salubridad y seguridad social queda socavada, y los más perjudicados son los ciudadanos que dependen de estos fondos para su bienestar.

Rendir cuentas

La SISALRIL no puede seguir escudándose en tecnicismos. Tiene que rendir cuentas, explicar cómo fue posible que un desfalco de esa magnitud pasara inadvertido y, sobre todo, por qué permitió que se recurriera a capital de otra institución como si fueran una caja chica del gobierno. La excusa de la ignorancia no junto a: su rol es guardar, y no lo hizo.

La credibilidad de la seguridad social no se mide en discursos, sino en hechos. Y en este caso, los hechos son lapidarios: la SISALRIL fracasó en su laboreo de supervisión. Y un corporación regulador que no regula, que no controla y que no protege, se convierte en parte del problema.

El país ha sido informante, una vez más, de cómo la corrupción se pasea impune por las instituciones públicas. El desfalco en SENASA y el uso ilegal de los fondos de Indopril son hechos que no pueden estar como simples irregularidades: son un desdicha directo contra la seguridad social del pueblo dominicano.

Y en este atmósfera, la gran carente ha sido la Superintendencia de Salubridad y Riesgos Laborales (SISALRIL). Una institución convocatoria a avalar la transparencia en el manejo de los capital de la salubridad, pero que en la experiencia ha demostrado ser un títere, sin autoridad, sin voluntad y sin independencia.

¿Cómo es posible que ocurra un desfalco millonario en SENASA sin que la SISALRIL lo detecte a tiempo? ¿Cómo se explica que los capital de otra institución, como Indopril, sean tomados ilegalmente para tapar ese agujero financiero, sin que la SISALRIL lo impida o lo denuncie?

La respuesta es simple: la SISALRIL ha fallado estrepitosamente en su rol. Y cuando una entidad reguladora no regula, se convierte en parte del entramado de impunidad que este gobierno protege.

Es el reflexivo de un sistema donde los organismos de control están sometidos al poder del Ejecutante y se limitan a mirar con destino a otro banda mientras los fondos del pueblo son saqueados.

La seguridad social no puede ser la caja chica del gobierno, ni mucho menos el saqueo de funcionarios corruptos. Por eso debemos sublevar la voz para exigir: Rendición de cuentas inmediata de la SISALRIL, por su inacción delante estos hechos, y sanciones ejemplares contra los responsables del desfalco (tanto funcionarios como proveedores), y del uso indebido de los fondos de Indopril.

El pueblo dominicano merece un sistema de salubridad y seguridad social que funcione para la parentela, no para los corruptos. Y mientras este gobierno siga encubriendo a los responsables y callando delante la ineficiencia de la SISALRIL, estaremos frente a una sucursal que ha hecho de la impunidad su marca de factoría.

JPM-AM-SP