La Sociedad Interamericana de Prensa (SORBO) advirtió sobre retrocesos normativos y tensiones institucionales que afectan la decisión de prensa en República Dominicanasegún su más flamante documentación de medio año.

El organismo regional subraya la persistencia de incertidumbres legalesla desaparición de avances en la modernización del entorno sumarial que rige la comunicación y el surgimiento de propuestas legislativas que podrían restringir el deporte del periodismo independiente.

Uno de los puntos críticos señalados es la reforma de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, válido desde 1962. Pese a que un preliminares fue minucioso por una comisión exclusivo hace dos primaveras, este aún permanece bajo estudio de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutante.

En marzo, el presidente Luis Abinader afirmó que lo enviaría al Congreso Franquista, pero el proceso sigue paralizado. La SORBO interpretó esta dilación como un refleja de “descuido de voluntad política o divergencias internas”.

Incertidumbres legales

En paralelo, surgieron iniciativas legislativas preocupantes desde el Congreso. Los diputados oficialistas Bolívar Valera y Amado Díaz propusieron, de forma independiente, proyectos para regular medios digitalescreadores de contenido e influencers.

Aunque no han sido debatidos a fondo, estos textos generan inquietud en sectores vinculados a la decisión de expresión por el posible impacto sobre la circulación de información en plataformas digitales.

El documentación incluso reseña un episodio que reavivó el debate sobre los límites entre el derecho al honor y la decisión de expresión. En marzo, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, pidió establecer “consecuencias claras” contra la difamación, tras denuncias de periodistas señalados —sin pruebas— como supuestos agentes de la clausurada Agencia Internacional para el Incremento de Estados Unidos (USAID).

Otro punto señalado fue la política de protección de datos adoptada por la Suprema Corte de Honestidad en noviembre de 2024, rechazada por la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD). Esta política permitía a los jueces clasificar información procesal como confidencial de forma discrecional, lo que, según la SORBOafecta la transparencia y limita el periodismo de investigación.

A raíz del rechazo, se creó una comisión conjunta entre la SCJ y la SDD para reformular la medida, y se prevé que una traducción revisada sea presentada este cuatrimestre.

En diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional anuló la controvertida Ley 1-24 que creaba el Sección Franquista de Inteligencia (DNI), por considerar que violaba principios fundamentales al otorgar a los agentes estatales facultades excesivas, como requisar datos o citar personas sin autorización procesal.

• La Ley 1-24 fue ampliamente criticado por medios de comunicación, juristas y defensores de derechos humanos.

Escapado entrada

Finalmente, la SORBO criticó el incumplimiento sistemático de la Ley Caudillo de Escapado Golpe a la Información Pública por parte de instituciones gubernamentales.

Entre los casos destacados se encuentra la negativa de la Autoridad Portuaria Dominicana a entregar información sobre el arrendamiento de los Astilleros Navales, denunciada por Diario Escapadoy el anuncio del Listín Diario a Edeeste por el relación de clientes morosos con deudas acumuladas durante primaveras, aún sin respuesta.