En la República Dominicana atravesamos nuevamente un estado de alerta roja por las condiciones del tiempo. Y, como tantas veces, lo que debería ser una respuesta organizada, preventiva y sensata, termina convirtiéndose en un caos innecesario que pone en aventura la seguridad de muchos. La error de previsión no es solo un problema meteorológico, es una muestra clara de la abandono de poco que debería ser lo más nuclear: sentido popular.

En la mañana del viernes, miles de padres llevaron a sus hijos a la escuela, solo para que, unas horas más tarde, les pidieran recogerlos apresuradamente. Lo mismo pasó con trabajadores que acudieron a sus empleos bajo la presión de no perder su sustento, aun sabiendo que exponerse en medio de lluvias y calles anegadas era un peligro escondido. ¿Era necesario todo este movimiento inútil, cuando desde el día preparatorio ya se tenían proyecciones claras del mal tiempo?

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Lo que más preocupa es la dependencia de decisiones —o mejor dicho, de indecisiones—. Las autoridades, tanto públicas como privadas, tardaron demasiado en emitir lineamientos. Se reaccionó tarde, y cuando eso pasa, lo que debería ser una medida preventiva se convierte en un remedio a medias. Y mientras tanto, la multitud, atrapada en medio, queda sometida a la angustia de lanzarse entre proteger su seguridad o cumplir con responsabilidades que no se ajustan a la existencia de la emergencia.

El sentido popular no debería ser un fastuosidad, ni una cualidad opcional en quienes toman decisiones. El sentido popular dicta que, si se prevén fuertes lluvias e inundaciones, lo primero es proteger a los más vulnerables: los niños, los ancianos, los trabajadores que dependen del transporte manifiesto. Dicta que las medidas deben comunicarse con tiempo, de guisa clara y uniforme, para evitar confusión, improvisación y pánico. Dicta, en recopilación, que la vida humana está por encima de todo.

Pero lo que vemos con frecuencia es un patrón que se repite: improvisación, contradicciones y un silencio que pesa más que la tormenta. Y mientras las autoridades titubean, los ciudadanos se ven obligados a admitir riesgos innecesarios.

Aquí no se alcahuetería de despellejar por despellejar; más acertadamente, de admitir que necesitamos cambios urgentes en nuestra civilización institucional. La planificación debe ser la normano la excepción. Las emergencias no se enfrentan con buenas intenciones, es con protocolos claros y decisiones oportunas. Y esas decisiones deben considerar la existencia de las familias dominicanas, que no siempre cuentan con alternativas de movilidad ni con redes de apoyo.

El llamado es claro: necesitamos más coherencia, más seriedad y más sentido popular en la gobierno de situaciones de emergencia. No se alcahuetería de difundir miedo, se alcahuetería de dar certezas. No se alcahuetería de paralizar el país a la ligera; más acertadamente, de proteger lo que más importa: la vida.

Porque ya puntada de improvisar. Ya puntada de hacer tarde. Ya puntada de dejar en manos de la multitud decisiones que corresponden al liderazgo institucional. Si el gobierno y las instituciones no son capaces de anticiparse con medidas claras, firmes y oportunas, entonces no están cumpliendo con su responsabilidad más primitivo: cuidar a los ciudadanos.

El sentido popular debería ser la brújula de quienes dirigen este país. Hoy, con la chubasco encima, lo que se siente es que esa brújula está perdida. Y eso, señores, no es un error beocio: es un peligro que no podemos seguir tolerando.