La designación de Roberto Santana al frente de la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales abre una ventana de esperanza para enfrentarse la crítica situación carcelaria de nuestro país.

Luego de informes de organismos internacionales de derechos humanos denunciando la violación de derechos fundamentales de las personas privadas de facilidad, a través del Comisionado para la Reforma y Modernización de la Ecuanimidad y la Procuraduría Caudillo de la República, hace más de 20 abriles en el país se implementaron numerosos programas con miras a rehacer el sistema penitenciario dominicano. Se crearon varios centros de corrección y rehabilitación y se construyeron las cárceles del nuevo sistema de dirección penitenciaria. Sin retención, la situación sigue siendo compleja y requiere atención sostenida y reformas profundas.

La República Dominicana enfrenta un desafío significativo en su sistema penitenciario, ya que es uno de los países con anciano porcentaje de internos preventivos de la región. Según los datos de la Dirección Caudillo de Prisiones, la población penitenciaria supera las 24 mil personas privadas de facilidad, distribuidas entre los diferentes recintos, incluyendo los centros tradicionales y los centros de corrección y rehabilitación de lo que se denominó el Nuevo Maniquí. Sin retención, ese nuevo maniquí penitenciario solo ha presbítero a una pequeña fracción de la población carcelaria. La gran mayoría de los recintos penitenciarios del país sigue operando bajo el maniquí tradicional o remoto, caracterizado por condiciones de amontonamiento, insalubridad, inundaciones, tráfico de influencias, consumo de bebidas alcohólicas y drogas, autoridades corruptas y, en universal, permanecen en condiciones inhumanas.

Un ejemplo significativo de esta situación es la Penitenciaría Doméstico de La Vencimiento, construida en el gobierno de Trujillo para conservar 800 reos, después modificada para 2,000 personas, pero que actualmente alberga más de 5,000 internos en condiciones de amontonamiento extremo.

Con la implementación del Código Procesal Penal hace más de 20 abriles, que introdujo medidas de coerción alternativas a la privación de facilidad y estableció plazos para la conclusión de los procesos, había suficientes instrumentos para pensar que podía disminuir la población carcelaria. Pero acullá de esto, la población carcelaria ha crecido considerablemente. Esta tendencia podría agravarse con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, que introduce nuevas sanciones que podrían aumentar la población penitenciaria.

Aunque se prórroga que la nueva calabozo de Las Parras, con capacidad para 8,000 reclusos y que se anunció entrará a funcionar proximamente, ayude a aliviar el amontonamiento y mejorar las condiciones de vida de los internos, es poco probable que esta medida por sí sola resuelva el problema carcelario en el país. La decisión requerirá una reforma integral que aborde las causas subyacentes del problema y garantice la dignidad y los derechos humanos de los reclusos.

El director universal de prisiones, Roberto Santana, enfrentará importantes desafios en su dirección. Por otra parte de los ya mencionados problemas de amontonamiento y la desatiendo de infrastructura, está el problema de la violencia en estos centros y la corrupción en el sistema, donde los reclusos pueden fertilizar para obtener privilegios y beneficios.

La creciente tasa de delincuencia nos obliga a prestar atención a todos los instrumentos involucrados en una política pública integral de seguridad ciudadana; y la población carcelaria desbordada y los abusos y la corrupción que se registran en las cárceles forman parte esencial, a nuestro criterio, de los obstáculos para una verdadera reinserción social efectiva de las personas que han sido privadas de su facilidad.

La creación del nuevo ocupación de Ecuanimidad y la transferencia de la despacho del sistema penitenciario desde la Procuraduría Caudillo de la República representan una oportunidad para priorizar la dignificación de las cárceles y la reinserción social. El nuevo ministro de Ecuanimidad debería afrontar su dietario en mejorar las condiciones de los reclusos, con una reforma penitenciaria que promueva el respeto a los derechos humanos, la capacitación y la educación como pilares para ganar que los sentenciados no vuelvan a delinquir.

Según el Artículo 66 de la Ley 80-25 Orgánica del Tarea de Ecuanimidad, el plazo para la puesta en funcionamiento de la institución es de 12 meses a partir de la designación del ministro. ¡Ya es hora de que el poder ejecutor emita el decreto presidencial de su nominación! La ciudadanía exige acciones concretas y urgentes. Este decreto debe ser el pistoletazo de salida para una reforma profunda y necesaria en nuestros centros penitenciarios, que garantice la dignidad y el bienestar de las personas privadas de facilidad. Presidente Abinader, ¡la prórroga ha terminado! La designación del ministro de Ecuanimidad es un paso crucial para enfrentarse los desafíos penitenciarios del país.