Por Elvin Castillo

No me gusta acogerse al discurso de la lucha de clases. La historia demuestra que cuando ese estilo se normaliza, las sociedades se radicalizan, se fracturan y terminan pagando costos demasiado altos. Siquiera creo ni remotamente en los modelos comunistas o socialistas. No han funcionado nunca desde el punto de paisaje del bienestar colectivo ni del incremento sostenido de los países. Esa discusión, al menos para mí, está saldada.

Soy capitalista. Creo en la vacancia empresa, en el plan, en la inversión privada y en el papel central que juega el sector productivo en la creación de empleos y riqueza. Lo practico y lo defiendo. Pero además creo poco igual de importante: el capitalismo que funciona debe tener rostro humano, reglas justas y responsabilidad social. De lo contrario, termina autodestruyéndose.

Y es ahí donde la verdad dominicana obliga a balbucir con franqueza.

Puntada observar cómo se manejan los grandes casos judiciales para notar una diferencia que ya no admite maquillaje: la conciencia no negociación igual a los poderosos que a los débiles. Los primeros negocian, pactan, dilatan procesos y preservan patrimonio; los segundos reciben todo el peso del sistema. Esa desproporcionalidad, que ya resulta indignante en los tribunales, se vuelve sencillamente inaceptable cuando se traslada al demarcación tributario.

En República Dominicana, quienes menos tienen sostienen una parte desproporcionada del Estado a través de impuestos al consumo, mientras quienes concentran la riqueza disfrutan de un sistema diseñado para no incomodarlos. No se negociación de ideología. Se negociación de números, de evidencia y de sentido global.

La presión tributaria ronda el 14 % del PIB, una de las más bajas de América Latina. Más del 60 % de la cuestación proviene de impuestos indirectos como el ITBIS, que paga igual el insuficiente y el millonario cuando importación alimentos o medicinas. Mientras tanto, no existe un impuesto verdadero a la riqueza, los grandes patrimonios gozan de exenciones, incentivos y una edificio fiscal hecha a su medida.

Esto no es capitalismo sano. Es capitalismo de privilegios.

Hay ejemplos cotidianos que explican mejor que cualquier teoría esta distorsión. El suscripción del marbete vehicular es uno de ellos. Resulta difícil de acreditar que una persona que tiene en su casa Ferraris, Lamborghinis o Range Rover del año pague exactamente lo mismo por marbete que un ciudadano que escasamente puede sostener un Kia, un Toyota o un Honda para ir a trabajar. No es castigo al éxito: es equidad básica. El resultado es evidente: el Estado deja de recibir millones y privilegia a quienes más tienen.

Lo mismo ocurre con la ley de residuos sólidos. ¿Cómo se explica que empresas que facturan más de 100 millones de pesos al año paguen lo mismo que aquellas que facturan entre 50 y 100 millones, incluso cuando algunas alcanzan 2,000 millones en ingresos y generan volúmenes de residuos muy superiores? Ese tope no es indeterminado. Es una distorsión deliberada que vuelve a bonificar al holgado y castigar proporcionalmente al mediano.

Pero carencia de esto sería posible sin un componente central que rara vez se señala con la fuerza necesaria: la irresponsabilidad política.

Durante primaveras, gran parte de la clase política dominicana ha decidido mirar a los grandes capitales no como actores económicos que deben cumplir reglas, sino como jefes a los que hay que complacer. Frente a ellos, el poder político actúa con sumisión, prudencia extrema y complacencia. Frente a la clase media y los sectores populares, en cambio, aplica el vergajo de la cometido, la fiscalización rígida y la novelística del “sacrificio necesario”.

Ese doble en serie es corrosivo. Se tolera diversión, elusión y privilegios hacia lo alto, mientras debajo se exige cumplimiento cumplidor, aunque eso asfixie a quienes escasamente sobreviven. Y luego, con total desparpajo, se pretende balbucir de reformas fiscales que vuelven a caer sobre los mismos de siempre.

Peor aún: todo esto ocurre en un contexto donde miles de millones de pesos se pierden cada año en corrupción, en ineficiencia y en programas de ayudas sociales parasitarias, mal diseñadas, sin evaluación de impacto ni retorno verdadero para la sociedad. Fortuna que no generan movilidad social, no fortalecen capacidades productivas y solo alimentan clientelismo y dependencia.

Y aun así, la posibilidad que se pone sobre la mesa casi siempre es la misma: más impuestos al consumo, más presión sobre la clase media, más carga para los que no pueden evitar. Nunca una revisión seria de privilegios, nunca un combate anterior a la corrupción, nunca una exigencia proporcional a quienes más se han presbítero del maniquí.

Aquí está el punto central: esto no va de promover caos ni de indisponer clases sociales. Va exactamente de lo contrario. Va de evitarlo.

Porque cuando la desigualdad se acumula, cuando la injusticia se normaliza y cuando el poder político pierde autoridad decente por su subordinación a los intereses más poderosos, el país se encamina a un atolladero peligroso. Y cuando llegan los estallidos sociales, no distinguen entre ricos y pobres. Pierden todos.

El capitalismo que genera estabilidad, crecimiento y paz social es aquel donde quien más se beneficia del sistema, más contribuye a sostenerlo. Donde la riqueza no es castigada, pero siquiera es intocable. Donde la ley no se arrodilla frente a el poder crematístico ni castiga solo a los de debajo.

Si la plutocracia dominicana no comprende esto, y si la clase política continúa actuando sin carácter, sin visión y sin responsabilidad histórica, el país pagará un precio parada. No por ideología, sino por anhelo desmedida hacia lo alto y cobardía institucional debajo.

Ese es el definitivo debate que República Dominicana sigue postergando.