La República Dominicana se acerca a un momento delicado que la clase política parece empeñada en ignorar. Adentro de poco comenzará la entrega de las primeras pensiones bajo el flagrante maniquí de la Ley de Seguridad Social, y todo apunta a que miles de trabajadores recibirán montos muy por debajo de lo que imaginaron luego de décadas de cotización.

Ese día no será simplemente un trámite burócrata. Será un choque de efectividad.

Durante más de vigésimo primaveras se vendió la idea de que el sistema de capitalización individual garantizaría estabilidad, economía y pensiones dignas. Hoy, sin incautación, los cálculos que circulan entre especialistas y trabajadores muestran otro panorama: jubilaciones que en muchos casos tan pronto como alcanzarán para cubrir una fracción del costo de vida.

En un país donde el precio de los alimentos, la vigor, el transporte y los servicios básicos no deja de subir, una pensión insuficiente no es solo un problema crematístico. Es un problema social.

Indignación

Porque cuando una persona descubre que luego de 30 o 40 primaveras de trabajo su retiro se traduce en una pensión que no le permite residir con dignidad, lo que surge no es resignación. Surge indignación.

Y cuando esa indignación se multiplica por miles o cientos de miles de ciudadanos, el resultado puede ser una crisis social de proporciones imprevisibles.

Por eso resulta incomprensible la flema con que el sistema político ha manejado la discusión sobre la reforma de la Ley de Seguridad Social. El tema lleva primaveras en debate. Informes, comisiones, propuestas y mesas de diálogo han producido diagnósticos suficientes para enterarse que el maniquí necesita correcciones profundas.

Sin incautación, las decisiones siguen posponiéndose.

Los partidos políticos, el Congreso, el Gobierno y los actores económicos vinculados al sistema todavía están a tiempo de realizar. Pero ese beneficio se reduce cada día.

Revisar las comisiones de las administradoras, respaldar una pensión mínima realista, ajustar los mecanismos de cálculo y proteger mejor los ahorros de los trabajadores no debería ser una batalla ideológica. Es una obligación franquista.

La política, cuando funciona, sirve para anticipar los problemas antiguamente de que estallen en la calle.

Si el sistema político decide seguir mirando cerca de otro flanco, el país podría enfrentarse a un escena de frustración colectiva cuando llegue la primera engendramiento de pensionados y descubra que el sistema no cumplió lo que prometió.

En ese momento, el debate dejará de ser técnico.

Será social. Y quizás demasiado tarde.

quezada.alberto218@gmail.com

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