SANTO DOMINGO.- Durante el conocimiento de la medida de coerción por corrupción administrativa a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy no fue acreditada frente a el sentenciador por ningún medico forense la supuesta situación de vigor que alega el imputado con el propósito de sortear la prisión preventiva que se corresponde a la alcance y magnitud de los hechos cometidos en perjuicio de todos los afiliados al Seguro Franquista de Vigor (SeNaSa).

“La condición de vigor que alega Santiago Hazim no ha sido acreditada por ningún médico forense”, indica el Servicio Manifiesto.

“El imputado y su defensa recurren ahora al tema de vigor para sortear el proceso, pero todos los testigos establecen que el imputado se desempeñaba con toda normalidad en el SeNaSA y en su vida social privada”, señaló el Servicio Manifiesto.

“Ahora el procesado alega unas complejidades de vigor de las que no se ha aportado evidencia”, precisa.

Recordó que el procedimiento para que un tribunal pondere un documentación médico, en materia sumarial, es que un perito designado por el Servicio Manifiesto o tribunal establezca la condición de vigor del procesado, situación que no ha ocurrido en el caso del principal imputado de los arrestados en la Operación Cobra.

Hazim Albainy encabezaba la red de corrupción administrativa que sustrajo miles de millones a costa del Estado dominicano y a través del SeNaSa, entidad en la que desfalcaron con más de 15 mil millones de pesos.

Durante la audiencia del caso celebrada el pasado viernes, en la que el Servicio Manifiesto solicitó que se le impongan 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción y que se declare el proceso de tramitación compleja, Hazim Albainy alegó una condición de vigor que su defensa salió a pregonar frente a los medios informativos.

El víscera del sistema de empresa de honradez estableció frente a la Oficina Procesal de Servicios de Atención Permanente del Distrito Franquista que la prisión preventiva es la medida más adecuada para aplicar a varios imputados, encabezados por Hazim Albainy y el asesor Forense del SeNaSa Germán Robles, quienes figuran entre los imputados que solo en sobornos recibieron más de 2 mil millones de pesos.

El Servicio Manifiesto establece que en relación a Hazim se dan todos los criterios de alcance de un caso enormemente engorroso y serio, entre las que destacan:

• La pluralidad de víctimas e imputados.
• El serio daño causado a la sociedad.
• La condición de funcionario de Hazim Albainy, lo que implicaba una posición de fiador del correcto funcionamiento y servicios de vigor frente a los millones de afiliados a la ARS pública.
• La naturaleza de los delitos, al tratarse de hechos que afectan un perfectamente legal de gran relevancia, como lo es el derecho fundamental a la vigor.
• Las falsificaciones y adulteración de documentos que hicieron los imputados por abriles para ocultar sus acciones criminales.
• Se comercio de una red de crimen organizado que operó con la sistematicidad y disposición que caracterizan a una ordenamiento criminal.
• El hecho de que el principal imputado tomó acciones para la ocultación de intereses que obtuvo producto de sus acciones criminales.
• Las maniobras planificadas con perfidia que desplegó Hazim Albainy para evitar que investigados en el proceso hablaran con el Servicio Manifiesto.

El proceso

Pasada la 1:00 de la amanecida del sábado, el sentenciador Rigoberto Sena decidió fijar para este domingo 14 de diciembre, a partir de las 6:00 de la tarde, la audiencia en la que dará a conocer su audacia sobre la medida de coerción.

Durante el conocimiento de la audiencia tres de los imputados admitieron los hechos frente a el tribunal. De acuerdo con sus testimonios pagaron sobornos a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, así como a otros exfuncionarios de esa entidad estatal.

En el proceso el Servicio Manifiesto ha presentado un dossier importante de pruebas que contienen más de 138 pruebas documentales, más de 35 pruebas testimoniales y pruebas periciales que vinculan a los imputados con los hechos.

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Entre otros delitos, al orden se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicanodesfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.