Los fiscales, encabezados por la procuradora de corte Mirna Ortiz, todavía piden que a los procesados se les impongan multas de entre 400 y 200 salarios mínimos

El Pregonero, SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Servicio Divulgado solicitó este jueves frente a al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Doméstico imponer penas de 20 abriles de prisión y multas de 400 salarios mínimos a los generales Desaliñado Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo De los Santos Viola, procesados por corrupción partir de la judicialización de las operaciones Coral y Coral 5G que enfrentaron a una red que sustrajo al Estado más de RD$4,500 millones.

Los fiscales, encabezados en audiencia por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), solicitaron la misma pena para los acusados coronel Rafael Núñez de Aza, caudillo Boanerges Reyes Batista y capitán Franklin Antonio Mata Flores.

Incluso solicitaron la imposición de 15 abriles de prisión y el suscripción de 300 salarios mínimos para la procesada Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora), Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.

El Servicio Divulgado solicitó, asimismo, la imposición de  diez abriles de prisión y multas de 200 salarios para Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, para el lado policial Tanner Antonio Flete Guzmán, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Esmeralda Ortega Polanco, al dominante Alejandro José Montero Cruz, Epifanio Peña Lebrón, Lucía De los Santos Viola, Manuel de Jesús Alba Solano, Elida María Trinidad Santiago, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Raymel Pastor del Rosario Viola, Onoris Beatriz Soto De los Santos y Eric Daniel Pereyra Núñez.

Por otra parte, 5 abriles de prisión para el decano Raúl Alejandro Girón Jiménez (multa de 200 salarios mínimos), Carlos Egregio Lantigua Cruz (multa de 500 mil pesos) y Miguel Ventura (multa de RD$500 mil).

“Hemos tenido largas jornadas en este tribunal y, tal y como le dijimos a las juzgadoras desde el primer día que demostraríamos cada una de las imputaciones, así lo hemos hecho”, dijo Ortiz, al reponer a la prensa a su salida de la audiencia celebrada en el Palacio de Imparcialidad de Ciudad Nueva.

“Con cada ambiente probatorio, con cada testificación, con cada documento, con cada pericia, hemos demostrado todos los puntos de nuestra inculpación”, añadió”.

“En esa virtud hemos solicitado las condenas, condenas que van desde 5 hasta 20 abriles, todas adentro de las escalas legales y conforme a la décimo de los imputados, por lo que no tenemos ninguna duda de que este tribunal dará a cada imputado las penas solicitadas por el Servicio Divulgado por ser justas y ajustarse en todo momento a los parámetros legales”, precisó la titular de la Pepca.

El tribunal fijó la continuación de la audiencia para el próximo martes 10 del mes en curso.

En su pedimiento, el Servicio Divulgado, representado por Ortiz yuxtapuesto a los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Emmanuel Ramírez, Arolin Lemos, Miguel Collado y Melbin Romero, solicita la clausura, suspensión de operaciones y disolución de la entidad Iglesia Bautista Vida Eterna y la imposición de una multa de 200 salarios mínimos.

Incluso, para las compañías Hacienda Kelman SRL, R&F Agroindustrial, Aldom Glass Aluminium, SRL, Randa Internacional Company y CSNA Universo Empresarial S.R.L.

Asimismo, la disolución e imposición de una multa de 10 millones de pesos de la razón social Rawel Importadores S.R.L.

El Servicio Divulgado todavía solicitó el incautación de los haberes incautados, entre los cuales se incluyen villas, casas y vehículos de opulencia.

En cuanto al imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez, en almohadilla a la cooperación efectiva que ha realizado con el Servicio Divulgado, el entraña persecutor solicitó a las juezas del Primer Tribunal Colegiado, Giselle Méndez (presidenta), Jissel Naranjo y Tania Yunes, tomar en consideración el tiempo que lleva el imputado guardando prisión conforme al arresto domiciliario para que esta pena sea computada como cumplida y lo restante sea de modo suspendida.

Para ello, piden que la pena se cumpla bajo la regla de aceptar en un domicilio fijo aportado a este tribunal, sustraerse del porte y tenencia de armas de fuego y presentarse una vez al mes frente a el magistrado de ejecución de la pena para dar fe del cumplimiento de las medidas requeridas.

Entre las pruebas presentadas por el Servicio Divulgado durante el proceso contencioso se incluyen 2,201 pruebas documentales, 141 peritajes, 282 declaraciones de testigos y peritos, 184 pruebas procesales y 104 pruebas materiales, como armas de fuego, relojes de opulencia, equipos electrónicos, inmuebles, vehículos y fortuna en efectivo.

Por otra parte, se identificaron 214 inmuebles en distintas provincias, 86 vehículos de suspensión cilindraje y más de RD$28 millones y US$55 mil en efectivo, todos solicitados en incautación. Los haberes incautados han generado ingresos por concepto de alquileres y producción agrícola que ascienden a más de RD$86 millones, todavía reclamados a valimiento del Estado.

El Servicio Divulgado acusa a Cáceres Silvestre de encabezar la red compuesta por 30 personas físicas y 18 jurídicas, que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), así como del Consejo Doméstico para la Inicio y la Adolescencia (Conani).

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