ztevenreal
@Abrilpenaabreu
En República Dominicana, ser funcionario divulgado se ha convertido en un deporte de detención peligro. Lo hagas aceptablemente o lo hagas mal, puntada un ruido —fundado o no— para que la presunción de inocencia desaparezca frente a la hoguera de la opinión pública. El hartazgo por la impunidad y el desconocimiento de cómo operan las mafias enquistadas en el Estado terminan empujando siempre cerca de la misma reacción: pedir la inicio del funcionario señalado.
El zaguero herido es Santiago Hazim. No se alcahuetería aquí de una defensa, sino de un llamado al pensamiento crítico. De todos los casos de posible corrupción bajo esta oficina, es el único que un año ayer pidió formalmente una investigación a los organismos correspondientes. Hazim no es sentenciador ni ocupación divulgado. Su papel se limitaba a poner la denuncia, y lo hizo. Sin requisa, poco se ha dicho de eso en un país donde las hogueras se encienden con pasmosa facilidad.
Lo extraño es que en 2024 aquella alerta pasó inadvertida. Las autoridades competentes no dieron respuesta visible, y es solo ahora, un año posteriormente, cuando el incendio mediático corre a enfadar precisamente al que encendió la emergencia. El área en la hoguera debiese estar compartido con el Tarea Conocido.
¿Es culpable o inocente? No somos jueces. Pero sí debemos exigir explicaciones: ¿qué pasó con la denuncia auténtico? ¿Qué resultados hubo en este tiempo? ¿Por qué no se transparentó el proceso?
Mientras tanto, surge otra inquietud de fondo: ¿cuántas personas capaces y honorables se negarán a servir en la oficina pública por temor a que, aun sin un solo escándalo, su hoja de vida quede marcada para siempre con la sospecha? Por el solo hecho de activo pasado por la oficina pública.
El “si el río suena, agua trae” no puede ser política de Estado, ni la norma. Si dejamos que el escarnio sustituya la institucionalidad, no solo perdemos funcionarios: perdemos confianza en la democracia.
