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La reducción del Parque Franquista Jaragua para crear el Polo Turístico de la Región Suroeste ha provocado un conflicto legal entre el Estado y presuntos propietarios de terrenos situados en el interior del ámbito protegida, cuyo resultado puede desplegar paso a la explotación comercial de la zona.
El expresidente Hipólito Mejía promulgó la Ley 266-04 cuatro días ayer de dejar el poder para establecer un polo turístico en Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco.
Según la ley, alpargata toda la franja costera de Barahona y Pedernales, desde la bahía de Neiba hasta la frontera con Haití, en la desembocadura del río Pedernales, incluyendo la totalidad del margen marino del Parque Jaragua y de Bahía de las Águilas.
El polo incorpora tierras que habían sido incluidas en el Parque Franquista Jaragua mediante la Ley Sectorial de Áreas Protegidas (202-04), además firmada por Mejía dos meses ayer.
Basados en esa norma, la empresa Inversiones del Sur reclamó frente a el Tribunal Superior Funcionario (TSA) el derecho de propiedad sobre la porción de sus terrenos que se adentran en el parque. Para ello presentó cuatro títulos que abarcan una superficie de 12,577,201.82 metros cuadrados.
Su intención es “ofrecer autónomamente en el comercio sus inmuebles beneficiados por la Ley 266-04“.
El TSA favoreció la solicitud y ordenó al Profesión de Medio Medio ambiente renovar el Catastro Franquista de Áreas Protegidas de la Región Sur, lo que conlleva la modificación de los límites del parque y la limitación y posible uso empresarial de toda su franja marítima.
La empresa
El administrador de Inversiones del Sur es Ricardo Alfredo Gadala-María Nassersucesor de Elías Gadala-Maríacuyas propiedades fueron expropiadas por el Estado tras la caída de Rafael Leonidas Trujillo, al ser señalado formalmente como testaferro del dictador. Gadala-María impugnó dichas confiscaciones en un altercado legal que se prolongó durante abriles.
El ambientalista Luis Carvajal denunció que la sentencia de 2025 no es un hecho eventual; es el postrer anillo de una esclavitud de intentos de la comunidad Gadala-María Nasser y su empresa Inversiones del Sur para materializar el despojo de tierras públicas.
Impugnarán
Medio Medio ambiente informó que recurrirá la sentencia y advirtió que “este aludido pone en peligro la integridad del Sistema Franquista de Áreas Protegidas”.
Los abogados de la institución argumentaron frente a el tribunal que para modificar la extensión de un parque doméstico se requiere una ley orgánica aprobada por las dos terceras partes de los legisladores. La diferenciación entre leyes ordinarias y orgánicas fue introducida con la reforma constitucional del 2010.
El exministro de Medio Medio ambiente, Francisco Domínguez Britoadvirtió que la sentencia podría servir para validar antiguas pretensiones de apropiación irregular de terrenos en el interior de áreas protegidas.
El exfuncionario calificó la atrevimiento como una “sentencia temeraria” y alertó que abre un aludidoal debilitar la integridad del Sinap y exponer ecosistemas estratégicos a presiones económicas y a intereses particulares.
La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas expresó preocupación por la sentencia que autoriza dominar el tamaño del Parque Franquista Jaragua y advirtió que esta interpretación, que califican de temeraria, del TSA podría desplegar la puerta a una judicialización masiva del Sistema Franquista de Áreas Protegidas (SINAP), generando incertidumbre jurídica. De confirmarse -dicen- se estaría estableciendo un precedente según el cual omisiones administrativas podrían prevalecer sobre áreas protegidas creadas por ley. “Más allá del arbitraje sumarial, debemos alertar que esta atrevimiento corre el peligro de validar históricas pretensiones dirigidas a la apropiación irregular de terrenos en zonas de conservación estricta”, señalaron en un comunicado.
