El autor es comunicador. Reside en Nueva York

POR LUIS M. GUZMAN

El escándalo de SeNaSa no solo refleja irregularidades internas, sino que destapa un desacierto estructural más amplio: las instituciones del Estado llamadas a supervisar, auditar y controlar siquiera lograron activar las alarmas a tiempo.

SISALRIL, Contrataciones Públicas, la Cámara de Cuentas y la Contraloría Genérico tenían roles precisos en este engranaje, pero la corrupción avanzó sin ser detenida.

La Superintendencia de Vitalidad y Riesgos Laborales (SISALRIL) debía ser el principal celador del sistema, verificando los reportes financieros de las ARS y asegurando continuidad de los servicios. Sin incautación, su dependencia de la data autodeclarada por las propias ARS la convirtió en un supervisor ciego.

Si SeNaSa maquillaba cifras mediante una doble contabilidad, la superintendencia quedaba atrapada en un espejismo de justicia.

La Dirección Genérico de Contrataciones Públicas (DGCP) tenía el mandato de velar por la transparencia en los procesos de compras de medicamentos y servicios. No obstante, muchas operaciones se realizaron por la vía de regímenes excepcionales o procedimientos internos, lo que redujo la visibilidad pública. El resultado fue que las adquisiciones quedaron fuera del pesquisa ciudadano y sin control preventivo positivo.

La Cámara de Cuentas, máxima autoridad de auditoría externa, trabaja con revisiones ex–post que llegan meses o primaveras posteriormente de ocurridos los hechos. Al carecer de un sistema de monitoreo en tiempo positivo, sus informes sirven como diagnósticos tardíos, cuando los fortuna ya han sido desviados o malgastados. En el caso SeNaSa, su pasividad reforzó la sensación de impunidad.

La Contraloría Genérico de la República, encargada del control interno, terminó atrapada en el formalismo, se limitó a validar que existieran expedientes, firmas y documentos, sin realizar si los servicios y medicamentos facturados positivamente se habían entregado.

Esta visión registrado del pago impidió descubrir a tiempo las incongruencias entre lo público en papel y la existencia vivida por los pacientes.

Réplica

El problema no se reduce a errores individuales. La amor de los controles radica en la dependencia excesiva de datos autodeclarados, sin mecanismos independientes que validen cada transacción. Si una institución oculta información o fabrica reportes, el resto del sistema replica ese disimulo, construyendo una falsa imagen de estabilidad y eficiencia.

La abandono de trazabilidad digital igualmente explica por qué las alarmas no sonaron. No existía un sistema integrado que cruzara recetas, autorizaciones, prestaciones y pagos en tiempo positivo. De haberse contado con esa infraestructura, los procedimientos aparecido y las farmacias inexistentes habrían dejado rastros imposibles de ocultar.

A ello se suma el carácter reactivo de las auditorías. En la destreza, los organismos de control sólo se activan posteriormente de que explotan los escándalos o cuando cambian las administraciones. En punto de un sistema preventivo, lo que existe es un mecanismo correctivo, incapaz de anticiparse a las irregularidades y demasiado cachazudo para contener el daño.

Otro obstáculo es la fragmentación institucional. Cada entraña observa solo su parcela; SISALRIL vigila lo financiero y regulatorio, Contrataciones Públicas lo contractual, la Cámara de Cuentas la contabilidad universal y la Contraloría los procesos internos. Sin coordinación integral, las grietas quedan abiertas y los fraudes se escapan entre jurisdicciones.

Este conjunto de fallas muestra que el caso SeNaSa no puede atribuirse sólo a un corporación negligente, sino a la suma de opacidad interna, amor regulatoria y tranquilidad en los mecanismos de control. En punto de hacer como sistemas de vigilancia preventiva, las instituciones operaron como notarios que dan fe del pago, sin cuestionar su certeza.

El desenlace es una ciencia clara sin reformas profundas, el ciclo volverá a repetirse. Se requiere integrar sistemas digitales, compartir bases de datos en tiempo positivo, cruzar información de forma cibernética y, sobre todo, cambiar la razonamiento del control formalista alrededor de un control sustantivo que proteja al ciudadano y garantice transparencia.

Para visualizar mejor estas responsabilidades, fallas y reformas necesarias, presentamos un cuadro comparativo que sintetiza el papel de cada institución frente al caso SeNaSa.

El caso SeNaSa no es producto de un infructifero retirado, sino de un ecosistema de control débil. La ciencia es clara: sin coordinación, sin digitalización y sin controles preventivos, la corrupción encuentra ámbito fértil incluso en las instituciones llamadas a proteger al ciudadano.

Jpm-am