Elías Báez, director de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), informó que durante una supervisión realizada este domingo a clínicas y farmacias se identificaron una serie de hallazgos que entorpecen la atención efectivo y oportuna a los afiliados.

Entre los principales hallazgos se encuentra la abrogación del convenio que mantenía la Clínica Cruz Jiminián con el Seguro Franquista de Vitalidad (SeNaSa) para ofrecer servicios a los pacientes del régimen subsidiado.

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“Lo veo mal porque por ahí acuden personas de escasos bienes, y los subsidiados podían percibir atención en esa clínica. Incluso hay quejas sobre SeNaSa, porque están tardando mucho para autorizar servicios y exigen preaprobación en las farmacias”, señaló el funcionario.

Otro de los hallazgos es que algunas farmacias no están entregando la copia de la fórmula cuando solo disponen de uno de los medicamentos prescritos, lo que viola la resolución emitida por la Superintendencia de Vitalidad y Riesgos Laborales (SISALRIL) y afecta directamente a los afiliados.

Báez explicó que dicha resolución establece que si un afiliado solo puede agenciarse uno de los tres medicamentos indicados por el médico, la apoteca debe sellar y entregar una copia de la fórmula para que el paciente pueda comprar los demás en otro establecimiento. “No lo están haciendo. Hay un formulario que deben satisfacer para esos fines y siquiera lo están completando. Adicionalmente, hay Administradoras de Riesgos de Vitalidad (ARS) que, aunque se entregue la copia, no la aceptan”, agregó.

El director de la DIDA hizo un llamado a la SISALRIL para que vele por el cumplimiento de las normas y “apriete” las medidas de control, al tiempo que aseguró que continuarán las supervisiones para certificar los derechos de los afiliados.

Asimismo, Báez indicó que todavía se detectaron dificultades en los laboratorios y con algunas ARS respecto a las aprobaciones de servicios, ya que en algunos casos exigen preaprobación y los procesos de confirmación resultan lentos. “A veces el laboratorio tiene que pulsar para que aprueben, pero duran mucho para objetar o no se comunican. Lo mismo ocurre en las farmacias, donde hay ARS que tardan demasiado en contestar”, explicó.

Finalmente, Báez recordó que, según lo establecido en la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, la DIDA tiene la responsabilidad de monitorear el sistema y efectuar la calidad del servicio ofrecido a los afiliados. En esta ocasión, las supervisiones se realizaron con el propósito de certificar la protección de sus derechos, especialmente tras los posesiones de las recientes condiciones atmosféricas que afectaron al país.