El sistema de lozanía pública dominicano siempre ha sido muy deficiente. Cuando el país tenía poca población, las clínicas privadas atendían a la diminuta clase media y ingreso, y los hospitales públicos aliviaban los pobres.

Actualmente, con una población de más o menos de 12 millones de habitantes, los hospitales públicos no tienen los medios adecuados (la inversión en lozanía no alcanza el 3% del PIB) ni el personal suficiente para dar respuesta a las demandas de servicios (y ni susurrar de la irresponsabilidad de una parte del personal médico y funcionario).

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La Ley de Seguridad Social 87-01promulgada en el 2001, estableció el llamado Seguro Conocido de Vitalidad en tres categorías: el contributivo donde cotiza el empleador y el empleado, el subsidiado costeado totalmente por el Estado supuestamente para los pobres, y el contributivo-subsidiado esencialmente para los informales con capacidad de hacer aportes.

En este sistema, producto de la ola privatizadora de la división de 1990, las Administradoras de Riesgos de Vitalidad (ARS) son las intermediarias entre cotizantes y proveedores privados, o sea, fungen como aseguradoras.

La intermediación de las ARS encarece los servicios de lozanía, pero median burocráticamente entre múltiples cotizantes y proveedores, con frecuencia para insatisfacción de ambas partes.

Ese sistema tiene sentido en el mercado privado de la lozanía para que las empresas e instituciones gestionen sus planes con aseguradoras privadas, bajo regulación y supervisión del Estado.

Pero el Gobierno dominicano asimismo comenzó a negociar como asegurador. Creó una ARS propia: el Seguro Doméstico de Vitalidad (Senasa) para afianzar los pobres a ser subsidiados por el Estado, e incursionar en el sistema contributivo.

Los pobres (y cualquier dominicano o dominicana) necesitan unidades de atención primaria en todo el país y hospitales públicos adecuadamente gestionados, lo que corresponde al Servicio Doméstico de Vitalidad (SNS), y boticas populares. No la intermediación burocrática de Senasa.

Los dominicanos deberían poder comparecer a los centros de lozanía pública simplemente con su cédula, o Senasa debería emitir carnet automáticamente a toda la población dominicana que no tenga un seguro privado si el objetivo es cobertura total de lozanía, o solo a aquellos que las estadísticas oficiales indiquen son pobres si el objetivo es subsidiar la lozanía de ese segmento social.

Del banda comercial, Senasa supuestamente compensaría gastos de los subsidiados con los beneficios que dejarían los asegurados contributivos. Pero esas matemáticas difícilmente funcionen así: los contributivos nunca serán suficiente para cubrir los subsidiados y el Estado termina subsidiándolos a todos. Adicionalmente, el Estado no debería incursionar en el mercado privado de las aseguradoras de lozanía que ha creado para adecuadamente o para mal, según el cristal con que se mire.

Por todas estas razones Senasa está desenfocada y desbocadaaún si operara de modo pulcra.

Pero ni eso, ahora explota el mega-escándalo de corrupción de sobrefacturaciones pagadas a entidades privadas, procedimientos falsos pagados a médicos, clínicas y farmacias, vacunas de balde vendidas, etc., etc. Es un antro de corrupción público-privado, según reportan los medios.

Investiguen, castiguen y reenfoquen a Senasa. ¿Para qué positivamente existe? ¿Para afianzar a quién y subsidiar a quién?