El autor es médico. Reside en Santo Domingo

POR VICTOR GARRIDO PERALTA

Imagine al Estado dominicano como un hospital colosal.  En su centro, un corazón llamado Servicio Doméstico de Vigor (SeNaSa) bombea posibles vitales para surtir con vida a 7.5 millones de afiliados.  Hoy, ese corazón late con arritmia, drenado por hemorragias financieras y contaminado por infecciones de corrupción.  Y cuando el corazón falta, todo el organismo social se tambalea.

SeNaSa no es una Administradora de Riesgos de Vigor (ARS) más: es la anciano administradora de riesgos de lozanía del país, responsable del 71 % del mercado.  Pero sus cifras muestran un cuadro clínico de paciente en cuidados intensivos: morosidad en pagos que saltó del 0.97 % en 2020 a más del 44 % en 2024; un obligación acumulado de RD$3,372.8 millones, suficiente para animar 15 hospitales completos; y beneficios desplomados en un 82 % en solo un año.  Lo que comenzó como una insuficiencia operativa se ha convertido en un falta sistémico.

La paradoja es formidable. Mientras hospitales públicos esperan meses por sus pagos, en 2024 el 86.2 % de los desembolsos de SeNaSa fueron a prestadores privados, un incremento de siete puntos frente a 2019.  Clínicas privadas recibieron RD$35,879 millones en cinco abriles, con un ascenso del 224 %, y los pagos a médicos privados aumentaron en 541 %.

Mientras tanto, las salas de hospitales estatales se oxidan sin insumos ni equipos.  Es como surtir la suite VIP impecable, mientras las salas comunes carecen de oxígeno.

Los escándalos no son siniestro, sino signo de un sistema permeado por la opacidad.  Una investigación oficial documentó más de 4,000 procedimientos ficticios y pacientes fantasmas.  Entre RD$362 y RD$724 millones fueron desviados en sobornos a través de contratos de seguridad.  Cada peso drenado equivalió a medicinas negadas, cirugías suspendidas o diagnósticos tardíos.  No hablamos de números abstractos: hablamos de vidas.

La duplicidad estatal agrava el cuadro.  Mientras SeNaSa agoniza, el Asiento Central, Banreservas y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) mantienen sus propias ARS.

Es como si un mismo cuerpo intentara sobrevivir con tres corazones: costoso, ineficiente y condenado al colapso.  Países caribeños como Jamaica o Barbados han demostrado que un sistema unificado es más equitativo y sostenible.  República Dominicana, en cambio, se aferra a la fragmentación.

El contraste internacional es edificante.  Costa Rica invierte de guisa estable entre 5.3 % y 5.6 % del PIB en lozanía, logrando sostenibilidad y paso universal.  Panamá destina entre 5 % y 6 %.  Nosotros, casi nada 2.7%. Pimiento, desde 2005, implementó garantías explícitas y controles de encargo que blindaron su sistema.  Colombia redujo en 60 % el fraude con auditorías digitales.

Uruguay permite a cualquier ciudadano consultar en tiempo verdadero cada peso invertido en lozanía.  Aquí, en cambio, la ciudadanía se entera de los fraudes abriles luego.

Proyecciones

Si seguimos así, los expertos proyectan que el obligación de SeNaSa superará los RD$20,000 millones en 2030.  La siniestralidad no crece porque los dominicanos estén más enfermos, sino porque el sistema tolera facturación inflada, servicios aparecido y contratos amañados.  La consecuencia la paga el afiliado: la gestante sin control prenatal, el criatura con pulmonía que paciencia horas, el diabético sin medicamentos.

¿Qué hacer? No bastan decretos ni auditorías internas.  Se requiere cirugía anciano: Auditoría forense internacional de los últimos cinco abriles, con billete de la Ordenamiento Panamericana de la Vigor (OPS) y entidades independientes.

Situación judicial específico contra el fraude en lozanía, con sanciones ejemplarizantes —como en Costa Rica, donde se castiga con hasta 15 abriles de prisión.  Unión de todas las ARS estatales bajo SeNaSa, eliminando duplicidades y generando economías de escalera.

De igual forma, un fondo de estabilización financiera, para avalar pagos oportunos a hospitales y médicos.  Sistemas de información abiertos y en tiempo verdadero, donde cada ciudadano pueda ver qué se gasta, en qué y con quién.  Responsabilidad penal y política de los funcionarios negligentes, con sanciones inmediatas a quienes manipulen cifras o toleren irregularidades.

La lozanía pública es la arteria principal de la nación.  Sin ella, el cuerpo social se necrosa.  Una SeNaSa quebrada significa un sistema de lozanía quebrado para millones de dominicanos.  No podemos permitir que el corazón del sistema se detenga por corrupción, ineficiencia y desidia política.

Los dominicanos merecemos una SeNaSa que cure, no que enferme; que proteja, no que robe; que una, no que divida.  El dictamen ya está hecho.  El tratamiento exige valentía política, transparencia absoluta y ecuanimidad sin excepciones.

Porque la lozanía no es un desembolso contable: es la inversión más rentable en dignidad, productividad y futuro.  Y cuando un país deja caducar a su sistema de lozanía, lo que agoniza no es solo la institución: es la esperanza de todo un pueblo.

Jpm-am