“Cuando el poder se separa de la responsabilidad, la corrupción deja de ser una anomalía y se convierte en sistema”.- Montesquieu

Sólo, hasta donde tenemos telediario, en las administraciones de Danilo Medina un caso de corrupción había reunido tantos rudimentos de peligro institucional, daño social y abrasión honrado como el destapado en el Seguro Doméstico de Lozanía (Senasa). No estamos solo frente a cifras escandalosas -que por sí solas estremecen-, sino delante la hendedura de la confianza ciudadana en un pilar esencial del Estado social: el derecho a la vigor, especialmente de los estratos más vulnerables de la sociedad dominicana.

La citación Operación Cobra, encabezada por el Tarea Conocido, revela de forma descarnada la existencia de un entramado criminal instalado en la maduro aseguradora pública del país. Según el expediente, una estructura dirigida desde la suscripción dirección de Senasa habría desviado, manipulado y lavado bienes públicos mediante contratos amañados, facturación falsa, sobornos sistemáticos y la adulteración crónica de los estados financieros. Las estimaciones preliminares hablan de un fraude de al menos RD$15,900 millones, aunque investigaciones periodísticas apuntan a que el saqueo a los contribuyentes podría ser superior.

La dimensión más perturbadora del caso no es solamente económica. Senasa administra bienes destinados a certificar atención médica a cientos de miles de dominicanos de bajos ingresos. Cada peso desviado significó menos medicamentos, menos tratamientos oportunos, hospitales públicos asfixiados financieramente y, sobre todo, expectativas vitales frustradas.

El Tarea Conocido documenta prácticas particularmente siniestras, como la facturación de servicios médicos a personas fallecidas, procedimientos oncológicos inflados, intervenciones cardiovasculares innecesarias y diagnósticos ficticios. En este caso, la corrupción no fue abstracta. Sin duda, tiene rostro humano y consecuencias clínicas reales.

El impacto sobre la confianza ciudadana es devastador. Cuando una institución diseñada para proteger la vida se convierte en transporte de lucro ilícito, el daño trasciende al gobierno de turno y se proyecta sobre todo el sistema tolerante.

La reacción institucional, aunque tardía, marca un punto de inflexión. La valentía del presidente Luis Abinader de destituir a la cúpula de Senasa, respaldar la obra penal y ordenar la recuperación de los fondos robados no deja de ser políticamente relevante. Igualmente lo es el anuncio de un “Senasa 2.0”, orientado a restablecer controles, transparencia y gobernanza. Sin confiscación, la magnitud del daño exige una reforma integral que vallado las brechas legales, fortalezca la fiscalización y haga inasequible que una red similar vuelva a intervenir.

Este caso quedará como una prueba decisiva para la democracia dominicana. Si se imponen sanciones ejemplares, se recuperan los bienes, se transforma la institucionalidad y se destierra el clientelismo prevaleciente, tan perverso como osado, el sistema habrá demostrado capacidad de autocorrección. Si no, Senasa se sumará a la larga inventario de escándalos que consolidan la idea de que la corrupción es estructural e impune. De ello, hace tiempo, muchos ya estamos convencidos.