El caso SeNaSa no es un montaña incomunicación.
Estamos frente a la punta de un iceberg que amenaza la sostenibilidad del sistema de lozanía. Hemos manido autorizaciones para procedimientos inexistentes o innecesarios, despachos ficticios de medicamentos y suplantación de identidades de afiliados.

Sería ingenuo creer que el problema se agota en la ARS estatal. Si las prácticas son replicables, otras aseguradoras de seguro que padecen el mismo mal en la proporción de su tamaño.

Entendemos que la mayoría de médicos, farmacias y centros trabaja con ética. Pero existe una minoría organizada que aprendió a interpretar las grietas del sistema y a exprimirlas.

Se aprovechan de un circuito de autorizaciones relajado, demostración clínica débil, trazabilidad difusa entre lo prescrito y lo en realidad hecho, y controles internos que ceden delante la presión del interés. El daño es triple porque se roba mosca sabido, se degrada la calidad de la atención y se erosiona la confianza social.

Corresponde a la probidad identificar responsables y sancionarlos. A nosotros, como sociedad, nos toca impedir que el fraude siga siendo rentable. La primera necesidad es destapar las ventanas y practicar auditorías forenses espejo y aleatorias, no sólo en SeNaSa, sino en todas las ARS, con cruces de historias clínicas, horarios, ubicación del servicio, matrícula del prestador y consistencia del dictamen con el procedimiento facturado.

La tecnología ya ofrece el plataforma para cerrar atajos.
No bastan protocolos si no hay consecuencias. Un sistema factible necesita sanciones ciertas y recuperación de activos.

Se requiere identificar a los defraudadores y que sean inhabilitados.
Defraudar la lozanía es robar dos veces: al enfermo y al contribuyente.

Nulo de esto debe traducirse en barreras para el paciente honesto. La continuidad de tratamientos es sagrada.

Este caso es una oportunidad para pensar. Si la respuesta se limita a la indignación y a una partida de titulares, el iceberg seguirá a la deriva.