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El autor es economista, Reside en Santo Domingo.
Por RAFAEL RAMÍREZ MEDINA
Cuando en una institución pública o privada se detectan fraudes de gran magnitud, la primera pregunta que surge es, ¿cómo fue posible que ocurriera sin que nadie se diera cuenta?
Una ordenamiento que maneja cuantiosos posibles está obligada a tener controles internos robustos, capaces de detectar irregularidades antiguamente de que se conviertan en un desfalco. La abandono de esos mecanismos es, en sí misma, una señal de rebato.
El control interno no es un adorno administrativo; es el sistema nervioso de toda institución que maneja fondos públicos o privados. Si este sistema no funciona, la ordenamiento queda pusilánime a prácticas indebidas.
Los manuales, auditorías, conciliaciones bancarias y políticas de supervisión existen precisamente para fortificar la transparencia. Cuando carencia de esto se aplica, se abre una puerta peligrosa a la corrupción.
Preguntas
Resulta difícil aceptar que en pleno siglo XXI aún se hable de escapes financieros millonarios sin que aparezcan señales de alerta. ¿Dónde estaban las auditorías internas? ¿Qué hacían las direcciones administrativas y financieras? ¿Es posible que todas estas áreas fallaran al mismo tiempo o es que, sencillamente, miraron con destino a otro banda?
Las preguntas son tan graves como las respuestas que se callan.
No podemos olvidar que detrás de cada fraude existe una estructura que lo permite. A veces se alcahuetería de negligencia; otras, de complicidad abierta. Cuando las cabezas de una institución no exigen ni respetan los controles, envían un mensaje tácito de permisividad.
Y en ese ámbito fértil, florece el fraude. La corrupción no crece en el infructifero, se nutre de silencios cómplices.
Ahora admisiblemente, la prevención de estos males no es un enigma. Los estándares internacionales de control y auditoría están admisiblemente definidos. El establecimiento de comités de riesgos, la rotación de funciones sensibles, la comprobación cruzada de operaciones y el uso de tecnologías de monitoreo continuo son herramientas al valor de toda institución seria. No aplicarlas es, por lo menos, irresponsabilidad.
En países donde la institucionalidad se respeta, un solo indicio de irregularidad activa de inmediato mecanismos de investigación. Los controles internos no son estáticos; evolucionan y se fortalecen para anticipar nuevas formas de fraude.
Infuncionales
En cambio, aquí parecen diseñados para que nunca funcionen, o peor aún, para afectar que existen mientras la corrupción se pasea impune.
El impacto social de estos escapes financieros va más allá de las cifras. Cada peso malversado es un patada al ampliación, a la confianza ciudadana y a la credibilidad del Estado. Cuando se pierde el hacienda de todos, se pierde incluso la fe en que las instituciones puedan proteger lo que nos pertenece.
Y cuando la ciudadanía deja de creer, el daño es irreparable. Debemos preguntarnos con franqueza, ¿existen todavía personas serias y comprometidas en nuestras instituciones? La percepción común es que cada vez son menos.
El clientelismo político, los nombramientos sin mérito y la equivocación de consecuencias para quienes fallan han erosionado la profesionalidad. En división de guardianes de lo conocido, pareciera que tenemos administradores del silencio.
El país no puede seguir aceptando que los fraudes se descubran solo cuando ya es demasiado tarde. Las alarmas deben sonar antiguamente, no luego.
La transparencia no es un riqueza, es una obligación decente y lícito. No podemos resignarnos a que el hacienda conocido se diluya en manos irresponsables o, peor aún, cómplices.
La ciudadanía incluso tiene un rol que apostar. Exigir informes claros, respaldar la encaje de los órganos fiscalizadores y no permitir que el escándalo se normalice.
La indignación social debe convertirse en motor de cambio. La indiferencia es la mejor aliada de la corrupción, y el silencio, su refugio más cómodo.
En conclusión, los fraudes financieros que sacuden nuestras instituciones no son simples accidentes. Son el resultado de la abandono de controles internos y muchas veces, de la complicidad de quienes debían protegernos.
Si queremos un país serio, debemos abrir por exigir instituciones serias, con personas íntegras y con controles que no se doblen frente a la corrupción. Solo así podremos recuperar la confianza y sostener que el hacienda de todos sea positivamente para todos.
Quien escribe estas líneas conoce de cerca la importancia de esos controles. Entre 2021 y 2024 me correspondió servir como director común funcionario y financiero del Tarea de Lozanía Pública, durante la gobierno del doctor Daniel Rivera y bajo la coordinación de la vicepresidenta Raquel Peña como presidenta del Gobierno de Lozanía.
En ese período no se reportó ninguna irregularidad, porque se aplicaron con rigor las técnicas de transparencia y los mecanismos de control que toda institución debe tener.
Esa experiencia me confirma que aún es posible implementar medidas efectivas para resguardar los posibles públicos cuando existe voluntad y compromiso.
Jpm-am
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