ztevenreal
Por: Luisana Lora
Hay instituciones que no deberían permitirse el postín de estar en el ojo del huracán. Senasa es una de ellas. Nació con la promesa de ser el seguro de los más pobres, el remo protector de quienes no podían remunerar clínicas privadas, el fiador de que la vitalidad no dependiera del faltriquera. Sin retención, los últimos escándalos de supuesta corrupción y mal manejo la han remolcado al mismo légamo que tantas otras dependencias públicas.
A pesar de que la situación salió a la luz hace ya algún tiempo, no quise precipitarme en escribir estas líneas sin entender de fondo la magnitud del problema. Y al indagar, lo que encontré fue todavía más indignante: terminé descubriendo que fui indirectamente una de las afectadas.
Un íntimo cercano pasó más de seis meses sin comunicación a medicamentos por supuestos “problemas en el sistema”. Lo que no sabíamos era que todo se trataba de una estafa. Una estafa cruel disfrazada de burocracia.
El dominicano de a pie no discute tecnicismos de auditorías ni memoriza artículos de leyes; lo que sí siente en carne propia es la humillación de durar a una laboratorio y que le nieguen un medicamento porque “no está cubierto”, o hacer una fila en un hospital y que le digan que “no aparece en el sistema”. Ahí es donde se mide la verdadera mandato: en el dolor de la concurrencia, no en los discursos de funcionarios.
Lo que indigna es que, mientras se deje de millones desviados y de manejos turbios, hay pacientes con cáncer que esperan meses para aprobarles un tratamiento, envejecientes que no reciben sus chequeos a tiempo y madres que hacen malabares para comprar las medicinas que sus hijos necesitan. ¿Cómo se explica ese contraste? ¿Cómo puede justificarse que el caudal que debía aliviar vidas termine en bolsillos privados?
La vitalidad, en cualquier país serio, es un demarcación noble. Aquí, en cambio, se ha vuelto una dormitorio de ajedrez en la que priman intereses políticos y negociaciones soterradas. El mismo pueblo que levantó a Senasa como un logro de inclusión social hoy observa con hidrofobia cómo la institución se tambalea bajo sospechas.
No pespunte con declaraciones tibias de que “se investigará”. La sociedad necesita sanciones claras, responsables directos y, sobre todo, una reforma que devuelva transparencia y confianza. Porque si poco debe estar protegido frente a la corrupción, es precisamente la vitalidad.
La esperanza es que, esta vez, no todo quede en el flato.
Que la jurisprudencia sea implacable y que los responsables, caiga quien caiga, enfrenten las consecuencias. Que se les aplique todo el peso de la ley, sin privilegios ni pactos ocultos. Solo así Senasa podrá recuperar el propósito con el que nació: ser el serio flotador de los dominicanos más vulnerables.
En este caso, no se manejo solo de castigar el robo; se manejo de rescatar la dignidad de un pueblo que se niega a aceptar que su vitalidad sea tratada como trofeo político. Y ahí, más que en ningún otro ambiente, la jurisprudencia no puede estropearse.
