El senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmánpresentó un plan de resolución mediante el cual solicita al presidente de la República fallar de utilidad pública Loss terrenos de esa provincia donde el abogado del Estado ejecuta desalojos forzosos de comunidades enteras y familias con hasta más de 40 primaveras de residencia.

El diputado explicó que, aunque desde el Congreso Doméstico lleva más de cuatro primaveras trabajando con el Gobierno para dotar de titulación a más de 27 barrios en amenaza de desalojo, en muchos casos el proceso no ha podido avanzar por los entramados de corrupción que en el pasado permitieron entregar dichos terrenos del Estado a particulares, sin tomar en cuenta el incremento social y humano que ya existía.

Hablando en la Cámara Ingreso, dijo que la enunciación de utilidad pública favorecería a miles de clan de La Caleta, Santa Lucía de La Caletael Distrito Franqueza de Boca Chica, Los Coquitos de Mendoza, Brisa de Edén en Mendoza, Predicción de Mendoza, Isabelita, El Robusto, Boca Chica, Los Humerales de Pantoja, Villa Progreso 1, 2 y 3 de Los Alcarrizos, La Aguilón de Mendoza, Nueva Jerusalén, Altozano Miranda en Los Alcarrizosy otros barrios más que cumplen con los criterios establecidos.

“Hacemos un llamado al abogado del Estado a que pare esos desalojos, y al presidente de la República para que declare estos terrenos de utilidad pública y establezca una forma de plazo”, subrayó.

Taveras Guzmán basó su propuesta en nombre de “27 barrios de mi provincia, multitud humilde, multitud laboriosa y multitud que tiene miedo como el padre Jorgede la iglesia de Santa Lucía, que no duerme porque cree que le van a derribar su iglesia católica en la alborada”, dijo Taveras, visiblemente afectado por la situación.

El congresista recordó que la provincia Santo Domingo tiene una población de casi 4 millones de habitantes, con un crecimiento enorme pero desorganizado. Gran parte de sus barrios, explicó, nacieron a partir de la ocupación de tierra del Estado, por lo que próximo al presidente Luis Abinader su oficina trabaja hace más de cuatro primaveras en soluciones de titulación para evitar los desalojos y certificar el derecho a la vivienda de miles de familias.