Santo Domingo.– La Comisión Específico del Senado que estudia el esquema de ley que modifica varios artículos de la Ley 12-06 sobre Lozanía Mental acordó invitar a los principales organismos del sector vigor para escuchar sus aportes sobre las reformas propuestas.

Entre las instituciones convocadas figuran el Empleo de Lozanía Públicala Sociedad Dominicana de Psiquiatría y Neurocirugía y la Pastoral de la Lozanía Dominicanaque presentarán sus consideraciones en torno a la iniciativa sometida por la senadora Aracelis Villanueva Figueroarepresentante de la provincia San Pedro de Macorís.

El presidente de la comisión, senador Moisés Ayalaexpresó que el país enfrenta un creciente problema de vigor mentalevidenciado por el aumento de pacientes y la escasez de camas y unidades especializadas en los hospitales.

“Aunque no existen cifras exactas, el número de pacientes psiquiátricos es stop. Este incremento está estrechamente vinculado al consumo de drogas, estupefacientes y otros vicios”, afirmó Ayala, quien por otra parte es médico y vocero del PRM en la Cámara Inscripción.

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Objetivos de la reforma

El parlamentario explicó que el esquema rastreo robustecer la atención en vigor mentalmediante la creación de casas de acogida, unidades de crisis y centros de atención psiquiátrica en distintas regiones del país.

Asimismo, señaló las limitaciones del sistema hospitalariocitando el caso del Hospital Padre Billinidonde los pacientes deben esperar hasta de meses para conseguir una cama.

“Es urgente ampliar la capacidad y mejorar la infraestructura. Desde el Congreso estamos trabajando anejo a las instituciones del sector para diseñar una ley moderna y cómodo que garantice atención digna a los pacientes”, agregó el senador por Barahona.

Cambios propuestos

Las modificaciones a la Ley 12-06 incluyen la integración de la vigor mental a la atención primariala instalación de unidades de crisis en hospitales regionalesla creación de un fondo singular para financiar programas de vigor mental y la prohibición de la discriminación profesional contra personas con trastornos mentales.

Igualmente se promueve la protección de la dignidad del pacientereforzando el compromiso del Estado con la prevención, tratamiento y rehabilitación de quienes padecen enfermedades mentales.