El Servicio de Energía y Minas de la República Dominicana (MEM), a través de su viceministerio de Hidrocarburos, debe ser felicitado por acaecer organizado exitosamente el primer “Foro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos en la República Dominicana” el pasado 10 de febrero, al congregar representantes de varias agencias del Gobierno, académicos del país, y por supuesto, una buena décimo de empresas privadas interesadas por acelerar los esfuerzos para confirmar si finalmente la República Dominicana podrá tener la linaje de hidrocarburos, tanto petróleo como gas natural, sea por tierra (onshore) o en el mar (offshore) como nuevo sector de crecimiento para contribuir a la meta ambiciosa de retornar a duplicar el tamaño de la peculio dominicana antiguamente de 2040.

Luego de un muy interesante primer panel de discusiones sobre el tema, con un enfoque técnico-científico y táctico, el cual confirmó las alentadoras premisas de varias cuencas (Enriquillo, San Juan, Cibao y costa este), tuve el privilegio de participar como panelista en el segundo panel con una visión más jurídica e institucional, acompañado por dos juristas de gran experiencia sobre estos temas: Pedro Montilla, nuevo viceministro de Jurisprudencia; y Alberto Reyes, que fue viceministro de Hidrocarburos; todo eso bajo la moderación efectiva de Wandy Tejada, el coetáneo director de Regulación, Importación y Uso de Hidrocarburos del Servicio de Energía y Minas.

Sin sorpresa, ellos se enfocaron más en el aspecto muy procesal del tema, y por ende, la requisito de dar a conocer mejor el envergadura de la Ley 37-25 que modificó a la muy desactualizada Ley 4532 del 1956; del mismo modo enfatizaron que, si admisiblemente la Constitución de la República Dominicana confirma que las riquezas del subsuelo pertenecen a la Nación, al decidir en su Artículo 14: “Bienes naturales. Son patrimonio de la Nación los fortuna naturales no renovables que se encuentren en el país y en los espacios marítimos bajo poder doméstico…”, no es menos cierto que, y esto debe hallarse como un gran paso de avance, esta misma constitución declaró de interés doméstico la explotación de esos fortuna en su Artículo 17: “Conveniencia de los fortuna naturales. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos y, en caudillo, los fortuna naturales no renovables, sólo pueden ser explorados y explotados por particulares, bajo criterios ambientales sostenibles, en virtud de las concesiones, contratos, licencias, permisos o cuotas, en las condiciones que determine la ley. Los particulares pueden emplear los fortuna naturales renovables de guisa racional con las condiciones, obligaciones y limitaciones que disponga la ley. En consecuencia: 1) Se declara de suspensión interés conocido la exploración y explotación de hidrocarburos en el país doméstico y en las áreas marítimas bajo poder doméstico”.

En otras palabras, no es necesario perder tiempo en discusiones sobre si conviene (o no) desarrollar la linaje de hidrocarburos, poliedro que la Constitución de la República ya ha resuelto este tema al decidir esta actividad como de “suspensión interés conocido”.

En mi caso, fue la oportunidad para repetir cómo debería de construirse un maniquí financiero, tanto para minería como para hidrocarburos que logre evitar que las industrias extractivas se conviertan en industrias destructivas, y todo lo contrario, obtener que estas mismas industrias extractivas puedan transformarse en industrias reproductivas; para ello, todas las políticas públicas por modificarse o por crearse deberían de organizarse cerca de de tres grandes ejes: i) obtener la longevo saludo por parte de la sociedad, en una especia de “inmoralidad social” que se les otorgue a estas actividades extractivas; ii) ser un herramienta de amor de las grandes inversiones necesarias; y, iii) construir un maniquí fiscal que permita maximizar la captación de las rentas por parte del Estado.

Sobre el primer eje, es necesario crear una nueva civilización societal en cuanto a las actividades extractivas en la República Dominicana, poliedro que las historias de la historia de este sector, lamentablemente más negativas que positivas, han sobrecargado la mochila del imaginario colectivo; esto se logra primero sabiendo hacer, y en este sentido las nuevas iniciativas tanto públicas como privadas, tanto de exploración como de explotación, han mostrado que la República Dominicana había conseguido avanzar considerablemente, interiormente de un ámbito de institucionalidad moderna. Ahora, para poder efectivamente conseguir aquella “inmoralidad social” será necesario mucho más hacer memorizar, dar a conocer cómo las industrias extractivas han ido contribuyendo a mejorar las condiciones de vida en varias provincias del país. Las industrias extractivas deberían de hallarse como punto central para financiar la enorme dietario de crecimiento por ejecutarse en los próximos vigésimo primaveras.

Sobre el segundo eje, habrá de alentar un maniquí que busque el delicado arqueo entre maximizar los ingresos fiscales y ser atractivo para nuevos inversionistas. Esto se logra definiendo un ámbito fiscal especialmente diseñado con los títulos siguientes: claridad, estabilidad y progresividad; y en este sentido, lo más importante probablemente del flanco de los inversionistas sería obtener una “estabilidad tributaria” que garantice que, durante todo el dilatado ciclo de crecimiento de un plan extractivo, no haya cambios en las reglas del selección.

Todo ello es fundamental para que el país pueda desarrollar nuevos emprendimientos en estas pujantes y necesarias industrias. El ámbito lícito, en su parte fiscal no puede ser un traje único, sino un seguro traje a la medida de cada plan; ahora admisiblemente, por más flexibilidad que se quiera tener, no se puede perder de instinto que la décimo del Estado debe de afianzar niveles suficientes para documentar que estos fortuna finitos se vayan a explotar; en el caso de la minería, se entiende que un rango de expectativas razonables anda entre un 40% y un 60% de la renta producida por el plan; mientras, en el caso de hidrocarburos, el rango es mucho más variables, observándose a nivel internacional participaciones estatales en la renta petrolera entre un 25% y un 80%, y específicamente último décimo estatal en proyectos en incorporación mar (offshore) que en proyectos en tierra firme (onshore) por consideraciones del longevo nivel de peligro asumido por el inversionista en incorporación mar. Es importante señalar que existe un enorme pericón de figuras impositivas que, con su adecuada combinación, permiten obtener este nivel de décimo del Estado.

Finalmente, la reinversión de estas rentas extractivas puede ser el longevo duelo a la hora de convertir una industria extractiva en industria reproductiva. Fijar la optimización del uso de estos fortuna, que tienen un carácter extraordinario por su misma naturaleza, es una tarea de todos.

En el caso de la República Dominicana se recomienda crear por ley lo que se pudiese apetecer “Sistema Franquista de Trámite e Inversión de la Renta Energético Minera” (Sinagirem) de modo que una proporción no último al cincuenta por ciento de los ingresos aportados por las industrias extractivas sea separada del presupuesto ordinario y llevado a un fondo específico, tal como lo hacen países como Colombia, Noruega o Perú, de modo que estos fortuna reservados tengan como única posibilidad ser invertidos en proyectos de crecimiento.

De este modo, y solamente de este modo, se pudiese cumplir con el sueño de sembrar la minería hoy y mañana todavía sembrar el petróleo, parafraseando aquella insigne consigna del gran intelectual venezolano Arturo Uslar Pietri, quien en 1936, hacen ya 90 primaveras, había planteado la requisito para Venezuela de “sembrar el petróleo” para que sea “la afortunada coyuntura que permita con su súbita riqueza acelerar y fortificar la proceso productora del pueblo (venezolano) en condiciones excepcionales”.
¿Nos atreveremos al éxito?