Contribución. El financiamiento conocido entre los partidos políticos en el país ha estado sujeto a constantes cambios. Metodología. Se han utilizado diferentes métodos para dividir los fondos.

Santo Domingo.-Durante los últimos diez primaveras, el criterio utilizado para distribuir el financiamiento conocido entre los partidos políticos en República Dominicana ha estado sujeto a constantes cambios, lo que ha impedido establecer una pulvínulo estable y predecible.

Esta situación ha generado incertidumbre, tanto en los partidos como en la ciudadanía.
En el año 2015, el país aún se regía por la Ley 275-97, modificada parcialmente por la Ley 289-05.
Para ese momento la última selección celebrada había sido la presidencial del año 2012, en la cual se eligió la Presidencia de la República y, por primera vez, se escogieron los diputados del extranjero.

La Acoplamiento Central Electoral, presidida entonces por Roberto Rosario, utilizó exclusivamente los resultados del nivel presidencial para clasificar a los partidos y asignar los capital correspondientes al año 2015.
En el año 2016 se celebraron elecciones generales, por lo que se compitió simultáneamente en los niveles presidencial, congresual y municipal.

Aun así, la Acoplamiento Central Electoral, mediante el Certificado No. 31/2016 de plazo 8 de mayo de 2016, dispuso que para la distribución de los fondos públicos correspondiente al año 2017, se considerarían nada más los votos depositados en el nivel presidencial.

Sin confiscación, tras el cambio completo en la composición de la JCE, el nuevo Pleno encabezado por Julio César Castaños Guzmán decidió dejar sin impresión dicha disposición y, en plazo 7 de febrero de 2017, emitió la Resolución núm. 02/2017, estableciendo como nuevo criterio que debía considerarse “la sumatoria de los votos válidos emitidos por los electores y obtenidos de modo individual por cada partido político en todos los niveles de selección en que participó en las elecciones generales del 15 de mayo de 2016”.

Pero los giros no terminaron ahí. El 21 de abril de 2017 el Tribunal Superior Electoral (TSE), entonces presidido por Mariano Rodríguez —quien emitió un voto disidente—, anuló dicha resolución mediante la Sentencia núm. TSE/013/2017, ordenando aplicar nuevamente el criterio prohijado en 2016 por el Pleno presidido por Roberto Rosario. Es asegurar, utilizar nada más el nivel presidencial como pulvínulo para la distribución de los fondos públicos.

Elecciones separadas
Este criterio se mantuvo hasta el año 2020, cuando por primera vez se celebraron elecciones separadas el mismo año: las municipales en marzo y las presidenciales y congresuales en julio.

En presencia de esta novedad, la Acoplamiento Central Electoral (JCE), ahora presidida por Román Andrés Jáquez Liranzo, se vio en la indigencia de reinterpretar el concepto de “última selección” establecido en la Ley 33-18 para posesiones de la distribución de capital del año 2021.

En su Reglamento núm. 01/2021, del 21 de enero, la JCE determinó que la última selección fue la celebrada el 5 de julio de 2020 y que, luego, el criterio aplicable sería “la sumatoria de los votos válidos recibidos de forma individual por cada estructura partidista en los tres niveles disputados en las elecciones del 5 de julio de 2020, es asegurar, el nivel presidencial, el nivel senatorial y el de diputaciones”.

Cerca de destacar que en plazo 25 de agosto de 2021 el Pleno de la JCE propuso una modificación a la Ley 33-18 en lo relativo al financiamiento conocido, partiendo de un exploración de la reglamento vivo, en el cual se identificó una confusión que estaba generando múltiples interpretaciones en el interior del sistema político.

Como respuesta, se planteó en el plan de modificación lo venidero: “Artículo 61.- Distribución de los capital económicos del Estado.

La distribución de la contribución económica del Estado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, se hará conforme al venidero criterio: (…) 2) Un setenta por ciento (70 %), distribuido de modo proporcional a los votos válidos obtenidos por cada partido, agrupación y movimiento político de forma individual, en los niveles de selección presidencial, senatorial, de diputaciones y municipal». Sin confiscación, hasta el momento el Congreso Franquista no ha procedido a modificar dicha ley, como sí lo hizo con la antigua Ley 15-19, que fue derogada y sustituida por la contemporáneo Ley 20-23.

Reglamento
Los vaivenes continuaron y el Reglamento núm. 01/2021 fue impugnado delante el Tribunal Superior Oficial (TSA), que mediante la Sentencia 030-02-2021-SSEN-00318, del 30 de junio de 2021, revocó el criterio prohijado por la nueva JCE y estableció una nueva fórmula, amparada en el principio de favorabilidad: tomar en cuenta, en el interior de los tres niveles de selección celebrados en julio, aquel en el que cada partido hubiera obtenido su mejor resultado.

La JCE decidió acatar la intrepidez del tribunal, y dicho criterio se aplicó de forma estable durante los primaveras siguientes.

El ciclo completo
No obstante, recientemente se ha producido un nuevo cambio. El Tribunal Superior Electoral (TSE), ahora presidido por Ygnacio Camacho, emitió la sentencia TSE/010/2025, de plazo 15 de junio de 2025, en la que estableció que, cuando la ley hace remisión a la “última selección”, debe entenderse como el “ciclo electoral”.

Según la votación

—1— El 5 %
Los partidos que alcanzan el cinco por ciento de las votaciones reciben el 80 % de los fondos económicos.
—2— Mayoritarios
El PRM, Fuerza del Pueblo y el Partido de la Exención Dominicana son los únicos mayoritarios.
—3— Este año
Este año la JCE entregará 1,500 millones.

Coincidencia con propuesta
Ajuste Resulta pertinente señalar que este criterio prohijado por el TSE coincide con la propuesta de modificación permitido formulada por la JCE en el año 2021, en la cual se sugería que el 70% del financiamiento se distribuyera proporcionalmente a los votos obtenidos en todos los niveles de selección: presidencial, senatorial, de diputaciones y municipal.

En conclusión, este recuento evidencia que en escasamente una lapso el país ha experimentado al menos seis criterios para distribuir el financiamiento conocido entre los partidos políticos. Cada uno de estos ajustes ha respondido a decisiones administrativas de la JCE y fallos judiciales entre el TSA y el TSE, sin que se haya acabado consolidar una norma estable y aceptada por todos.