Cinco primaveras han pasado desde el inicio de la convocatoria reforma policial. El gobierno celebra que se pasó de un 13 % de policías en patrullaje a más del 60 %. Con una paga de 42,805 agentes, eso significaría que más de 25,600 están en las calles, frente a los al punto que 5,000 de 2020. El contraste impresiona.

La pregunta inapelable es otra: ¿qué provisión sostiene equiparable despliegue? ¿Dónde están los vehículos, el personal, el combustible, la supervisión y la formación que hacen posible esa operación?

A este cuadro se suman cifras que parecen impecables: una reducción del 32.5 % en los delitos y una herido en la tasa de homicidios a 8.2 por cada 100 mil habitantes. El discurso suena convincente, casi consumado para la novelística oficial. Pero la existencia cotidiana insiste en contradecirlo: inseguridad en las casas y en las calles, miedo en los barrios, desconfianza en las denuncias. En pocas palabras, la calle y los informes hablan idiomas distintos.

Cinco primaveras posteriormente, la conclusión es inapelable: lo que observamos es improvisación. Dos ministros en el cargo, múltiples programas que nacen y mueren, planes que se anuncian con entusiasmo y desaparecen sin resultados. Asesores por doquier, figuras jurídicas como “comisionados extranjeros” pagados en dólares, como si no tuviéramos bienes humanos capacitados.

Un observatorio de seguridad que no cumple la función para la que fue creado, con estadísticas rezagadas del 2023. Y lo más revelador: rastrear, al lugar de un quinquenio, que la reforma policial requería modificar la Ley Orgánica, recién depositada este 16 de agosto. No es un detalle pequeño; es la prueba de que el proceso se construyó al revés, intentando cambiar la institución sin antiguamente redefinir su situación constitucional.

El país no necesita más porcentajes ni titulares de ocasión. Lo que exige es certeza. Certeza de que la seguridad no se reduzca a un documentación, sino que se viva en cada cantón. Certeza de que una denuncia tenga respuesta rápida y efectiva. Certeza de que los patrullajes no se concentren nada más en las zonas más visibles y acomodadas, sino donde la parentela más los necesita. La seguridad efectivo se construye con instituciones sólidas, policías profesionales, políticas serias y continuidad en el tiempo.

Cinco primaveras posteriormente, la gran deuda sigue intacta: no hemos construido la política de Estado que garantice seguridad ciudadana de verdad. Y en materia de seguridad, el tiempo perdido es costoso. Cada improvisación, cada software sin continuidad, se traduce en más incertidumbre para el ciudadano.

La seguridad ciudadana no se resuelve con discursos impecables, sino con visión y coherencia. Con experiencia para entender el sistema y con capacidad para conducir un cambio serio y sostenido. Lo que está en conjunto no son estadísticas ni titulares; lo que está en conjunto es la confianza de la parentela.