En nuestro país solemos pelear los grandes temas nacionales como si fueran abstracciones. Hablamos de crecimiento crematístico, de deuda, de política partidaria, de reformas estructurales. Todo eso es importante. Pero mientras discutimos en lo macro, se nos deteriora lo esencial, la vida cotidiana de la parentela.

El problema que hoy necesita más atención y una decisión rápida no es uno sólo, pero tiene un eje global. Es la forma en que estamos viviendo en nuestras ciudades y comunidades. Un problema urbano y social al mismo tiempo, que se manifiesta todos los días en situaciones aparentemente pequeñas, pero profundamente determinantes.

Puntada con salir a la calle. Aceras inexistentes o intransitables obligan a caminar por la vía vehicular. El caos de los parqueos convierte cada trayecto en una lucha. El ruido descontrolado irrumpe en hogares y barrios como si la tranquilidad fuera un privilegio. Los residuos sólidos se manejan con improvisación. El espacio divulgado se ocupa sin reglas. Y en los condominios, donde ya vive una parte importante de la población, predominan la informalidad, el conflicto y la abandono de normas claras.

Carencia de esto es accesorio. Todo esto va erosionando la convivencia, generando tensiones, conflictos entre vecinos, estrés permanente y una peligrosa normalización del desorden. Cuando el entorno se vuelve hostil, la parentela se vuelve hostil. Cuando no hay reglas claras ni autoridad que las haga cumplir, cada quien actúa según su conveniencia. Y ahí se rompe poco más profundo que una reborde o una hormaza, se rompe la cohesión social.

Hemos puesto demasiado pedantería en resolver problemas desde en lo alto, desde oficinas lejanas, sin mirar suficientemente el país. Pero la calidad de vida no se define en los ministerios, se define en el alfoz, en la calle, en el edificio y en la comunidad. Se define en si puedo caminar sin peligro, tumbarse sin ruido, convivir sin conflictos y usar el espacio global con reglas justas y previsibles.

Por eso insisto en que la decisión más urgente pasa por blindar la encargo específico. No como consigna política, sino como condición experiencia. Los ayuntamientos son la primera vírgula de contacto entre el Estado y la ciudadanía. Son quienes ordenan, o deberían ordenar, el uso del suelo, el tránsito, los espacios públicos, la convivencia, el ruido y los residuos. Cuando el gobierno específico es débil o tolerante con el desorden, el costo lo paga la parentela.

Aquí no se tráfico sólo de hacer más obras. Se tráfico de hacer cumplir las normas existentes, de planificar con sentido humano y de recuperar la autoridad legítima del Estado en el país.

Orden no es represión. Orden es previsibilidad. Es enterarse qué se puede y qué no se puede hacer. Es que las reglas sean iguales para todos y que el derecho individual no aplaste el derecho colectivo.

Siquiera se tráfico de imponer desde en lo alto. La décimo ciudadana es secreto, pero debe ser auténtico, informada y corresponsable. Poblar en ciudad implica límites, y entenderlos es parte de la seso social que necesitamos como país.

Si no atendemos con aprieto este daño corriente, cualquier avance crematístico será frágil. No hay expansión sostenible en ciudades caóticas.

No hay paz social sin convivencia. El serio desafío es retornar a poner a la parentela en el centro de la ciudad y recuperar el orden, el respeto y el espacio global como saco del futuro franquista.