Santo Domingo.– La jueza Fátima Scarlette Veloz, del Décimo Chancillería de la Instrucción del Distrito Doméstico, reanudó a las 3:05 de la tarde la audiencia de medida de coerción contra Antonio Espaillat y su hermana Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set.

El reinicio de la audiencia dio paso a las exposiciones de los 108 abogados querellantes y representantes de víctimas que han sido admitidos como parte civil en el proceso sumarial.

Durante la mañana, el Ocupación Conocido, representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, concluyó su presentación de argumentos, solicitando prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para su hermana Maribel. Uno y otro están imputados por homicidio involuntario y acusados de comportarse con negligencia en la administración del establecimiento que colapsó el pasado 8 de abril, causando la asesinato de 236 personas y dejando más de 180 heridas.

La jueza Veloz había ostensible un interrupción a la 1:35 de la tarde, luego de escuchar los planteamientos del Ocupación Conocido. La audiencia había comenzado a las 11:45 a. m., tras el traslado de los imputados a la sala de audiencia del Palacio de Honradez de Ciudad Nueva.

Los fiscales sostienen que los hermanos Espaillat actuaron con “irresponsabilidad criminal” al permitir que el centro de entretenimiento funcionara en condiciones estructurales peligrosas, ignorando advertencias previas sobre el daño del techo, el cual colapsó durante un concierto del merenguero Rubby Pérez, quien además falleció.

La Dirección Universal de Persecución, encabezada por Camacho y un equipo de fiscales, mantiene la reproche de que los imputados violaron disposiciones del Código Penal dominicano relacionadas con homicidio involuntario y lesiones causadas por negligencia.

Mientras tanto, decenas de periodistas y camarógrafos se mantienen en los pasillos del tribunal a la calma de una valentía. La zona permanece bajo estrictas medidas de seguridad, con un amplio despliegue policial desde tempranas horas de la mañana.

Previo a la audiencia, el abogado Donosura Lockward, representante de más de 20 víctimas, informó que las demandas por indemnización podrían aventajar los 10 mil millones de pesos. “Hay un peña del que poco se deje: los huérfanos. Son 130 niños que perdieron a sus padres, quienes les aseguraban su futuro. Hoy no saben qué les calma”, expresó el jurista.