Por María Villarreal

América Latina enfrenta una de sus más profundas contradicciones: es la región más peligrosa del mundo para quienes defienden el medio entorno, pero todavía es el punto de arranque del primer tratado internacional que escudriñamiento protegerlos: el Acuerdo de Escazú. A las puertas de la Conferencia de las Partes (COP-30), que se celebrará en la Amazonía brasileña, se abre una oportunidad única para que los gobiernos de la región pasen de las promesas a la entusiasmo.

¿Será este el momento en que Escazú se haga ingenuidad?

En 2023, al menos 196 activistas fueron asesinados en el mundo por defender la tierra y un entorno sano. Según datos de la ONG Refrendador mundialel 85% de estos crímenes ocurrió en América Latina: Colombia encabezó la tira con 79 muertes, seguida por Brasil (25), Honduras y México (18). Sin requisa, de acuerdo con la estructura, el número positivo de víctimas probablemente sea aún anciano, puesto que la anciano parte de casos no se denuncian y muchos permanecen impunes.

Los asesinatos no ocurren de forma aislada: van acompañados de amenazas, persecuciones judiciales, estigmatización y violencia sexual, especialmente contra las mujeres defensoras. Aun así, muchas de las que están en la serie de frente en la defensa de los territorios se han transformado en símbolos internacionales: Berta Cáceres, Francia Márquez, Nemonte Nenquimo, Máxima Acuña son sólo algunos ejemplos de defensoras de la tierra que han sido galardonadas internacionalmente y encarnan la resistor frente a la destrucción ambiental.

La sede de la COP-30 como epicentro de la violencia

Brasil es un caso paradigmático. En el estado de Pará, donde se celebrará la COP-30 en 2025, la violencia contra defensores ambientales alcanza niveles alarmantes. Entre 1985 y 2023, al menos 612 personas fueron asesinadas en conflictos por la tierra en el estado, según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT).

Un referencia nuevo de las organizaciones Imparcialidad integral y Tierra de derechos documentó 486 víctimas en 318 episodios de violencia, especialmente contra líderes indígenas, quilombolas y campesinos. En solo dos primaveras, se registraron 55 muertes y 96 intentos de crimen. Aunque las causas de los conflictos que motivan estas muertes son heterogéneas, en más de 8 de cada 10 casos involucran la defensa de territorios y el medio entorno.

Detrás de estos conflictos se encuentran dinámicas estructurales: concentración de tierras, demoras en la demarcación de territorios indígenas y avance de actividades extractivas como la minería y los monocultivos. Todo esto alimenta un maniquí de mejora que amenaza tanto la vida de las comunidades como la del planeta.

COP-30: el momento de representar

En palabras de la ministra brasileña de Medio Esfera y Cambio Climático, Escuadra Silva, la COP-30 debe ser “la COP de la implementación”. Durante el Congreso de Universidades Iberoamericanas sobre los 10 primaveras de la encíclica Laudato Si’celebrado en abril de 2025 en Río de Janeiro, fue enfática: “Tiene que ser exacto para todas y todos, especialmente para los más vulnerables. Ya discutimos presupuestos, ya hicimos todo lo posible por postergar. Ahora, no hay mínimo más que hacer. Es implementar, implementar, implementar”. Una de esas implementaciones urgentes es el Acuerdo de Escazú, firmado por Brasil en 2018 pero aún irresoluto de ratificación. Su puesta en actos podría marcar un antaño y un posteriormente en la protección de quienes cuidan la tierra.

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, y todavía el único utensilio internacional derivado directamente de la Conferencia Río+20. Firmado en 2018 y en vigor desde 2021, ha sido ratificado por 17 países y escudriñamiento certificar tres pilares fundamentales: comunicación a la información ambiental, billete pública en decisiones ambientales, y comunicación a la jurisprudencia en asuntos ambientales. Pero su carácter más revolucionario radica en que es el primer tratado del mundo que protege explícitamente a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Su artículo 9 establece que: “Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan representar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.

La ratificación de Escazú por parte de Brasil tendría un valía simbólico y práctico inmenso. Como uno de los países con más violencia contra activistas y sede de la próxima COP30, Brasil está llamado a liderar con el ejemplo.

Adicionalmente, la desatiendo de implementación de este tipo de marcos jurídicos no se debe solo a la flema estatal. Refrendador mundial recuerda que las empresas todavía deben rendir cuentas. Como ejemplo: el fondo soberano de Noruega recomendó recientemente excluir de sus inversiones a la empresa Prosegur, cuya filial en Brasil (Segurpro) ha sido vinculada a actos de violencia contra pueblos indígenas en Pará.

Escazú puede ayudar a revertir esta impunidad, promover la transparencia y fomentar una democracia ambiental que no deje a nadie detrás, en sintonía con la Memorándum 2030 y los Objetivos de Ampliación Sostenible (ODS).

Debemos tener en cuenta que la COP-30 no será una más: será la primera celebrada en la Amazonía. Esto implica un simbolismo político y ecológico sin precedentes. La región amazónica no solo es un regulador climático integral, sino todavía el hogar de cientos de pueblos indígenas, guardianes milenarios del invariabilidad ecológico.

Esta COP puede y debe marcar un cambio de tipo. No pespunte con nuevos compromisos de reducción de emisiones. Es necesario cambiar las formas de gobernanza climática, incluyendo las voces de quienes históricamente han sido excluidos: comunidades locales, mujeres defensoras, pueblos indígenas, población quilombola o palenquera y juventudes rurales, entre otros.

La democracia ambiental que propone Escazú no es una utopía. Es una requisito urgente. En una región donde la defensa del medio entorno puede costar la vida, proteger a quienes protegen se convierte en un acto de jurisprudencia histórica.

La COP-30 en Belém do Pará representa una oportunidad irrepetible para que los gobiernos de la región demuestren su compromiso con la vida, la jurisprudencia y el planeta. Ratificar el Acuerdo de Escazú, dotarlo de presupuesto, certificar su implementación efectiva y construir mecanismos de monitoreo ciudadano son pasos fundamentales. Y es que Escazú no es solo un tratado, es una puerta abierta a una nueva era de protección ambiental con jurisprudencia social, donde morar en acuerdo con la naturaleza no sea un privilegio, sino un derecho para todos y todas. En la Amazonía, donde todo comienza, todavía puede aparecer un nuevo pacto por la vida.

María Villarreal es cientista política. Profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro (UFRRJ). Doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid.