El soborno es una forma de corrupción que consiste en ofrecer, dar, aceptar o solicitar poco de valía, que podría ser patrimonio, regalos o favores, para influir indebidamente en las decisiones o acciones de una persona con poder o autoridad.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) considera el soborno como un obstáculo significativo para el progreso financiero y social de la región. Lo ve como una forma de corrupción que distorsiona la competencia, socava la confianza en las instituciones y reduce la inversión y el crecimiento financiero.
El entraña regional analiza el soborno en el contexto de la gobernanza y la desigualdad, señalando que la corrupción puede afectar desproporcionadamente a los grupos más vulnerables.
Los casos de sobornos son harto conocidos en América Latina. La región ha tenido que enfrentarse al descrédito que provoca. República Dominicana ha estado en medio de algunos de estos eventos.
El caso Odebrecht ha sido el más sonado y de viejo impacto. La constructora brasileña admitió activo pagado más de US$788 millones en sobornos en al menos 11 países latinoamericanos para obtener contratos públicos. Implicó a presidentes, ministros y empresarios en Perú, Colombia, México, Argentina, Ecuador, Venezuela y República Dominicana, entre otros.
En Perú, el expresidente Alan García se suicidó en 2019 durante una investigación por presuntos sobornos, mientras que en República Dominicana Odebrecht admitió activo pagado US$92 millones en sobornos, lo que llevó a múltiples imputaciones.
Cuchichear de sobornos en América Latina incluso es hacer remisión al caso Duarte, en México, pues en 2016, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue dibujado de desviar al menos US$1,700 millones mediante actos de corrupción. Los Cuadernos de las Coimas, en Argentina, fue significativo. En 2018, se descubrió una red de sobornos que involucra a funcionarios y empresarios durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Las estimaciones refieren pagos por en torno a de US$600 millones en sobornos.
Hubo otros muy sonados: caso La Itinerario, en Guatemala, cuando en 2015 se desmanteló una red de corrupción aduanera que involucraba al entonces presidente Otto Pérez Molina. Igual sucedió con Magma Becerro, originado en Brasil, involucró a varios expresidentes peruanos, entre ellos Alejandro Toledo, Ollanta Humala y la líder opositora Keiko Fujimori. Estos casos muestran cómo el soborno puede infiltrarse en las estructuras más altas del poder y afectar el progreso financiero y social.
No es un secreto que para cometer estos delitos se utilizaron los canales formales de los sistemas financieros de la región, aunque esto siquiera implicó involucramiento directo de las entidades de intermediación financiera, sino que se trató, según la información acondicionado, de colusión entre funcionarios y contratistas.
La Cepal aborda el soborno desde varias perspectivas. Para la institución, esta maña desincentiva la inversión, distorsiona la asignación de posibles, reduce la eficiencia económica y aumenta los costos de hacer negocios. Lo ve, por otra parte, desde el punto de aspecto de sus bienes en la gobernanza, ya que la corrupción, incluido el soborno, debilita las instituciones públicas, socava la confianza en el Estado y genera inestabilidad política. Reconoce que estas acciones ilegales pueden afectar desproporcionadamente a los grupos más vulnerables, dificultando su acercamiento a servicios básicos y perpetuando la desigualdad.
Gustavo Flores, un habituado costarricense con más de 30 primaveras de experiencia en el sector financiero, especializado en compliance, gobernanza y aventura, participó en el Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría (CIFA) y el Seminario Iberoamericano de Contadores y Auditores (Selatca), titulado “Del aventura a la resiliencia: estrategias secreto para la desarrollo financiera y la auditoría moderna”, organizado por la Asociación de Bancos Múltiples (ABA).
Con múltiples certificaciones internacionales, como ISO 37001 (antisoborno) y ISO 37000 (gobernanza de organizaciones), Flores ha trabajado en más de 18 países. Su experiencia albarca posiciones secreto como contralor normativo, auditor forastero y asesor de comités de auditoría en importantes instituciones financieras de Costa Rica y más allá.
“Hay un detalle fundamental a tomar en cuenta. ¿Cómo podemos estar preparados para poder dirigir un aventura como el soborno? ¿Por qué? Porque el aventura, precisamente, de corrupción y de soborno son simplemente riesgos emergentes que no son tan fáciles de dirigir ni de calibrar”, explicó Flores.
Indicó que, en los mecanismos de prevención, los sistemas financieros de la región están basados en una serie de mejores prácticas. A su entender, el soborno no sólo se hace a través de una infraestructura viario o pública, sino que hay un tema de certificación de activos y de otros delitos determinantes.
En este sentido, sostiene que, a pesar de que existen métodos de prevención, “es una supresión que estamos perdiendo” porque todo está basado, aunque parezca mentira, en las mismas normativas y regulaciones a nivel regional porque se lucha contra el crimen organizado. “Es parentela que se ha preparado, que se ha suturado para, precisamente, propiciar esta serie de actos que transgreden las normas y por eso ha sido tan enredado”, explicó.
Respecto a su afirmación de que “es una supresión que estamos perdiendo”, Flores señala que es un flagelo de moda, pero que “es una moda que no ha pasado de ser moda”. En este orden, sugiere concienciar sobre este tema y que, por eso, lo quiso transmitir a los participantes de CIFA y Selatca, que incluso contó con el apoyo de BDO Dominicana.
En todo caso, dice, no hay aventura cero porque “cada uno de estos instrumentos, como hemos dicho, está asociado a lo que las estadísticas llaman colusión interna”.
Está de acuerdo en que el soborno es una osadía humana. Refiere que cuando aborda estos temas en conferencias, lo que hace es poner “un santo a un flanco y un diablito del otro”. Sin confiscación, considera que mucha parentela se ve arrastrada o consumida por el mismo poder y temor, pues el mismo sistema lleva a entrar en el soborno.
“Tú vas a todas las actividades profesionales y a la parentela lo menos que le interesa es seguir entendiendo sobre lo que es un principio y un valía. Y ese es el punto innovador para tomar la mejor osadía”, considera el habituado en materia de prevención de soborno.
Sobre el impacto de las leyes, por otra parte de la formación del ser humano, Flores refiere que cuando se conversa con fiscales de la región lo que dicen es que este tema de inducir una beneplácito a veces es enredado. Dice que no sólo es por lo delicado del tema, sino porque desidia parentela preparada técnicamente en los tribunales de jurisprudencia para estas cuestiones.
Esto que dice Flores se demuestra en que, de todos los casos tratados en la región, tan pronto como un 1% termina en condena. A su parecer, esto es prácticamente cero cuando se mira lo que los casos de soborno representan materialmente para la pertenencias de un país.
Carencia de una supervisión basada en aventura
Gustavo Flores destaca la exigencia de que se implemente una supervisión basada en aventura para estar a tono con las exigencias internacionales, al tiempo que se anteponen las variables relacionadas con la tecnología.
Destacó que hoy día, luego de las experiencias aprendidas, se pasó de un enfoque tradicional, es aseverar, de la supervisión basada en controles a una que se sustente en aventura.
Cuestiona sobre la efectividad de la supervisión, ya que en la última decenio se han demostrado la materialización de algunos de estos actos, por lo que, afirma, “poco sigue sin caminar correctamente”.
Explica que hay poco que se lumbre la política de persecución criminal, por lo que el tema relacionado con la obra pública está en el top 3. Refiere que en estas áreas están todos los posibles, por lo que siempre hay muchos candidatos a habitar estas posiciones.
Está entre quienes consideran que el soborno ha sido una limitante para que haya un mejor progreso y equidad en la región, ya que desalienta la inversión y distorsiona la pertenencias, generando viejo pobreza.





