El secretario agropecuario del Partido de la Fuga Dominicana (PLD) denunció que en el año 2025 el consumo per cápita de arroz en la República Dominicana se redujo en 22.1 libras, como resultado del acrecentamiento sostenida de precios, el acaparamiento y una política agropecuaria errada que golpeó a las familias de menores ingresos.

El exsenador Adriano Sánchez Roa explicó que la caída del consumo es la consecuencia directa de una distorsión del mercado, provocada por comerciantes importadores que controlan los volúmenes disponibles del cereal para nutrir precios artificialmente elevados, con la complacencia del Estado.

“Con el mismo peculio, los dominicanos están comprando menos arroz. Eso no es una casualidad: es el resultado del acaparamiento y de una política que ha desaseado a los productores nacionales”, afirmó.

El dirigente del PLD señaló que bajo el amparo del Empleo de Agricultura se implementaron mecanismos de acaparamiento que impidieron que tanto el arroz franquista como el importado llegaran al mercado en cantidades suficientes para provocar una depreciación de precios.

Sánchez Roa indicó que, a pesar de que entre 2021 y 2025 se importaron 6,950,780.32 quintales de arroz, sumados a la producción franquista, el precio del cereal aumentó un 115.6%, colocándolo fuera del magnitud de cientos de miles de familias dominicanas.

“Cuando la importación estaba regulada, en 2021, el consumo per cápita alcanzaba 144.5 libras anuales, porque aún funcionaba la ley de ofrecimiento y demanda”, recordó.

Sin requisa, advirtió que tras el incremento descontrolado de las importaciones en más de un 850% durante 2024, y con almacenes saturados de arroz extranjero que bloquearon la colocación oportuna del arroz franquista en las factorías, el consumo cayó en 2025 a casi nada 122.4 libras per cápita, reflejando menos alimentos en la mesa de los sectores más pobres.

Sánchez Roa criticó que el Empleo de Agricultura haya mostrado más interés en cuidar importaciones que en proteger la producción franquistadebilitando al sector arrocero, aumentando la dependencia alimentaria y empujando a la raja a miles de productores.

“Esta política beneficia a intereses comerciales concentrados, mientras condena al productor y castiga al consumidor”, concluyó.