HIGÜEY, LA ALTAGRACIA. Todo parece indicar que el conflicto por la municipalización del Distrito Turístico Verón-Punta Cana amenaza con agudizarse. Mientras las autoridades de Higüey insisten en su atractivo de décimo igualitaria en las riquezas generadas por este polo turístico, desde Verón se denuncia la ruptura de los acuerdos de mancomunidad y se avanza con destino a la plena autogobierno, con acciones concretas que buscan impedir que el cabildo de Higüey siga interviniendo en su condado.

Al punto que horas posteriormente de que los higüeyanos terminaran una consulta pública con una comitiva senatorial, donde legisladores, la Iglesia católica y líderes de la sociedad civil expresaron sus opiniones en torno al esquema para elevar a Verón-Punta Cana a municipio, en la tarde del pasado jueves desde la demarcación turística se envió a Higüey la notificación que oficializa la ruptura del acuerdo denominado 50-50. Este paso traza un punto de agravamiento en el situación de la discusión.

La notificación indica que a partir de ayer, primero de junio, el Cabildo de Higüey deberá prescindir de realizar cualquier papeleo vinculada al uso de suelo, planeamiento urbano o cobro de arbitrio en el condado de Verón-Punta Cana. En la notificación, firmada por el director distrital Ramón Ramírez (Manolito), se establecen las siguientes disposiciones: • Desentenderse de transmitir solicitudes de uso de suelo o construcción interiormente del condado del Distrito Turístico Verón-Punta Cana.

• Desentenderse de emitir autorizaciones, permisos o certificaciones vinculadas al planeamiento urbano en esta término. • Desentenderse de percibir o dirigir arbitrios derivados del uso de suelo o de actividades urbanísticas fuera de su competencia. • Desentenderse de realizar tasaciones, así como de admitir fondos o pagos correspondientes a proyectos ubicados interiormente del distrito turístico. Esta osadía se sustenta en la sentencia TC/0152/13 del Tribunal Constitucional, emitida el 12 de febrero de 2013, mediante la cual se resolvió un conflicto de competencia entre uno y otro gobiernos locales.

En dicha sentencia se reconoció que el Distrito Turístico Verón-Punta Cana es un entraña des descentralizado y, por consiguiente, tiene derecho a dirigir su propia Oficina de Planeamiento Urbano. A raíz de esta sentencia, en el año 2014 ambas partes firmaron acuerdos para la distribución equitativa (50/50) de los ingresos municipales derivados del uso de suelo, incluyendo el plazo por el uso del espacio sabido por parte del Consorcio Energético Punta Cana–Macao (CEPM), bajo las mismas condiciones.

Seguidamente, la Ataderas Municipal Dominicana emitió una resolución que ordena a los distritos municipales con más de 15,000 habitantes, según el censo de 2010, formalizar la creación de su Oficina de Planeamiento Urbano. En cumplimiento de esta legislatura y con el respaldo del Ocupación de Finanzas, Planificación y Progreso, se creó formalmente la Oficina de Planeamiento Urbano de Verón-Punta Cana mediante la resolución 85-2023, aprobada el 21 de febrero de 2023 por la Trabazón de Vocales del distrito. Finalmente, la notificación advierte que la Constitución Dominicana, en su artículo 148, establece la responsabilidad civil de las entidades públicas por los daños ocasionados mediante actos u omisiones administrativas.

Esto incluye cualquier papeleo realizada fuera de su término justo, por lo que el El conflicto derivado del esquema de ley que escudriñamiento elevar a municipio el Distrito Municipal Verón-Punta, en vez de avanzar con destino a negociaciones entre las partes, apunta a intensificarse tras la notificación formal de la demarcación turística al Cabildo de Higüey, advirtiéndole que a partir del presente mes de junio gestionará su condado de forma independiente. Cabildo de Higüey y Verón-Punta Cana. Cabildo de Higüey podría ser legalmente responsable en caso de incumplimiento.

La discusión ha movilizado a autoridades locales, legisladores, empresarios, académicos y organizaciones comunitarias, que coinciden en que el progreso es necesario, pero debe hacerse sin romper la pelotón y funcionalidad de una provincia de primer orden para el turismo doméstico. En medio de estas tensiones, se han desarrollado espacios de audición, como la pinta pública celebrada en el Obispado de Higüey, que permitió exponer propuestas y preocupaciones de todas las partes involucradas. Monseñor Jesús Castro Marte, mitrado de la Diócesis de Higüey y presidente del Centro del Pensamiento Altagraciano, dio comprensión a la viaje con una oración y una manifiesto clara: “Esta reunión no es una pinta pública; es una reunión de audición frente a una existencia”.

Aunque no se opone al mejora, planteó que deben establecerse acuerdos claros. Propuso la creación de una oficina colegiada de planeamiento urbano que gestione el crecimiento de forma planificada y conjunta. El senador Aneudis Ortiz, presidente de la comisión senatorial, recalcó que no se tomaría ninguna osadía durante el cita. “Todo está siendo fototipia y será llevado al pleno del Senado para conocimiento de los demás legisladores”, afirmó Ortiz. En su intervención final, usó una metáfora que refleja el dilema: “Vemos a un hijo que está por alcanzar la mayoría de época y quiere independizarse. Pero ese hijo debe persistir un compromiso con sus padres envejecientes”.

LA POSTURA DE KARINA

Una de las intervenciones más firmes fue la de la alcaldesa Karina Aristy, quien reconoció el derecho de Verón a convertirse en municipio, pero advirtió sobre el impacto que esto tendría en Higüey. “Todos los días salen de aquí más de dos mil guaguas con trabajadores. La materia prima de Verón sale de Higüey”, expresó. Recordó el acuerdo de 2016, validado por una sentencia del Tribunal Constitucional, mediante el cual el 50% de los posibles recaudados en Verón permanecen en Higüey. “Eso es honradez, no caridad. Separar completamente los posibles sin indagar esa interdependencia sería debilitar la sostenibilidad de uno y otro territorios”, concluyó.

Otros funcionarios y legisladores como Francisco Villegas, Jorge Tavárez, Carmen de la Rosa, Onavel Aristy, Atractivo del Rosario y Mayor Aristy Caraballo coincidieron en que Verón debe alcanzar la categoría municipal, pero sin afectar el seguridad crematístico de la provincia. Se propuso persistir el acuerdo 50/50 como pulvínulo de transición.

MANOLITO RESPONDE

Ramón Ramírez, director distrital de Verón-Punta Cana, defiende la municipalización como un paso necesario para alcanzar la autogobierno territorial. Según Ramírez, “ser un municipio nos permitiría tener oficinas propias de Obras Públicas, Agricultura Medio Condición, INAPA y distritos escolares, como ocurre en San Rafael del Yuma”. Incluso destacó que Verón necesita planificar su ordenamiento urbano sin injerencias de actores externos. Cuestionó los temores sobre el impacto en Higüey. Aseguró que la ciudad larguero debe mejorar su estructura de cobranza y estructura territorial para persistir su sostenibilidad.

“Higüey crece todos los días, y puede tener una papeleo de cobranza del uso de suelo competente, como establece la ley”, explicó. Sobre los servicios, Ramón Ramírez afirmó que la autonomía permitiría decano inversión en alumbrado, seguridad y obras públicas. Denunció que, actualmente, se otorgan permisos a proyectos sin exigir cumplimiento de normativas urbanas, lo que deja a la alcaldía restringido con los problemas estructurales una vez concluidas las construcciones.

EMPRESARIOS Y REGIDORES

Carlos Piña, representante de la Unión de Empresarios de La Altagracia (UEPAL), manifestó el respaldo del sector privado a iniciativas que promuevan el bienestar colectivo y el respeto a las instituciones. El presidente del Concejo de Regidores de Higüey, Josías Castillo, fue enfático: “Separar los posibles afectaría gravemente la operatividad municipal. Hablamos de calles que no se construirían, mercados que no se acondicionarían y programas sociales que se perderían”.

Propuso una mancomunidad utilitario entre Higüey y Verón. Desde la sociedad civil, tanto el pastor Ruddy Hidalgo como Julio César Cedano, de la Confederación de Juntas de Vecinos, coincidieron: “No nos oponemos al municipio, pero los posibles deben dividirse 50-50”. De su costado, Enoide Cedeño, directora de la UASD-Higüey, apeló a la formación de ciudadanos críticos y al diálogo como útil de alternativa. Aunque hay tensiones, el punto de cita entre ambas partes es claro: ni Higüey ni Verón se oponen al progreso.

El desafío está en diseñar una transición que permita la independencia administrativa de Verón sin desmembrar la capacidad operativa de Higüey. El llamado es al Gobierno Central y al liderazgo provincial para que medien con sensatez, y se garanticen condiciones justas para ambas partes. Porque el efectivo peligro no está en la separación territorial, sino en la ruptura institucional de una provincia que es esencia para el turismo doméstico.

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