La diputada de Peravia quiere que su provincia reciba parte de los beneficios que se derivan de los cuantiosos y valiosos posibles medioambientales que están manejados por empresas privadas y por el Gobierno. Para alcanzar esa meta, Carmen Leida Escarfuller sometió a la Cámara de Diputados un plan de Ley que crea un Sistema de Compensación Económica y Medioambiental (SCEM).

De entrada, se proxenetismo de una aspiración reto que generaría importantes cantidades de posibles para beneficio de todos los municipios y habitantes de la próspera provincia suroestana.

Puede percibir: Proteger con equidad a inquilinos y propietarios

Es muy posible que la legisladora Escarfuller se haya donado cuenta de que los habitantes de su provincia solo miran los beneficios de los gestores de los proyectos en cuestión, sin percibir beneficio alguno, indemne algunas donaciones espontáneas y algunos empleos.

Pero, a afirmar verdad, el tema es más prolongado y de una proyección veterano. Zapatilla todo el país doméstico. Los cabildos empezaron a habitar en pobreza desde 1967, cuando el Gobierno de entonces centralizó las recaudaciones territoriales. El Poder Ejecutante propició una ley que dejó a los ayuntamientos sin recaudaciones, porque todas pasaron a ser gestadas y distribuidas por el gobierno central.

En la filial del entonces presidente Hipólito Mejía se intentó reparar parcialmente ese terrible daño, y por ley se asignó el 10% de los ingresos internos para ser distribuidos entre los ayuntamientos de conformidad con su población. Pero el Poder Ejecutante nunca ha cumplido esta ley. Fue el clásico amenazar y no dar.

Las implicaciones de este fracaso han sido múltiples, pero pueden resumirse en la asesinato de los ayuntamientos y el aumento de la dependencia del Poder Ejecutante, casi siempre caprichoso y parcializado.

Las provincias, todas, deben batallar para que se creen leyes que les permitan disfrutar de las riquezas que se generan en sus territorios. Cuando ese día llegue, y debe conseguir, el progreso