Una investigación penal por corrupción pública en Surinam provocó una crisis política en la Estructura de los Estados Americanos (OEA) tras la osadía del Gobierno surinamés de revocar el pasaporte diplomático de Xaviera Jessurun, principal asesora del secretario militar Albert Ramdin, medida que dejó al titular del organismo bajo robusto presión institucional.

La situación generó sorpresa en el Área de Estado de Estados Unidos delante el carácter inédito del caso que rodea a Jessurun, considerada una consejera influyente interiormente de la Secretaría Genérico de la OEA, el 2 de febrero de 2025, la asesora fue imputada en un expediente penal que investiga un pesado entramado de corrupción en la Compañía de Aviación de Surinam.

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Ayer de aceptar como secretario militar de la OEA, Albert Ramdin se desempeñó como canciller de Surinam y conocía la situación jurídica de Jessurun, quien entonces era su principal asesora en política extranjero. Pese a la imputación penal, Ramdin no consideró el proceso como un impedimento y la designó en la OEA en mayo de 2025. Consultado en su momento sobre el caso legislativo, el secretario militar relativizó las pruebas incorporadas al expediente.

En este contexto, la Cancillería de Surinam resolvió revocar el pasaporte diplomático emitido a nombre de Xaviera Jessurun. La funcionaria recibió una notificación oficial, de la que además fue informado el secretario militar de la OEA, la medida administrativa respondió a un escrito presentado por el fiscal militar, García Paragsingh, en el que se sostiene que Jessurun fue formalmente designada como sospechosa en la investigación por presunta corrupción en la aerolínea estatal.

En la causa legislativo figuran encima como sospechosos Paul de Haan, director de la empresa aérea; Xaviera Jessurun, ex titular del Consejo de Supervisión; y el exconsultor Prenobe Bissessur. El expediente incluye presuntos delitos de corrupción, fraude y falsificación, entre otros cargos penales.

El Ocupación de Relaciones Exteriores de Surinam, cartera que Ramdin ocupó antaño de aceptar en la OEA, argumentó que surtir un pasaporte diplomático en estas circunstancias podría solucionar la esparcimiento del proceso penal. Por esa razón, se ordenó que Jessurun entregue el documento en un plazo de catorce días en la embajada más cercana de la República de Surinam.

La encargo política y administrativa de Ramdin ya había recibido fuertes cuestionamientos internos por su postura considerada débil frente a la dictadura de Venezuela, por la designación de un dirigente de Gobierno investigado por corrupción y por el uso de fondos públicos para la remodelación de sus oficinas personales.

El subsecretario adjunto del Área de Estado, Chris Landau, planteó recientemente en la OEA interrogantes sobre la posición del presidente Donald Trump respecto al valencia geopolítico del organismo regional, “Estoy aquí para extender un ardid de amistad a esta estructura y a cualquiera que lo acepte. Pero la amistad es una calle de doble sentido, el secretario Situación Rubio y yo debemos poder decirle a nuestro presidente y a nuestro pueblo que nuestra inversión sustancial en esta estructura beneficia a nuestro país”, afirmó Landau.

El funcionario estadounidense agregó: «No estoy seguro de que estemos en posición de hacer eso en este momento, y les pido de buena fe que me ayuden a presentar este argumento». Desde esta perspectiva, la situación institucional de Jessurun provocó malestar en el Área de Estado.

Tanto Rubio como Landau conocen la dinámica de poder en América Latina y no tolerarán que eventuales casos de corrupción erosionen aún más la imagen pública de la OEA, en un tablado traumatizado por la crisis venezolana y el proceso electoral en Honduras.

En este ámbito, Albert Ramdin deberá resolver con ligereza la continuidad sindical de su asesora. No es habitual que un secretario militar de la OEA mantenga como principal consejera a una funcionaria imputada penalmente en su país de origen por cargos de corrupción pública, fraude y blanqueadura de capitales.