El 19 de noviembre, la neutralidad dominicana conocerá una crítica que indagación dejar sin impacto el controvertido archivo dispuesto por el Profesión Notorio en torno a una querella por supuesto exceso de confianza, lavado de activos y asociación de malhechores. La energía fue interpuesta por las entidades Ilmex LTD y Dolwen LTD, inversionistas extranjeros que alegan ocurrir sido defraudados por más de US$9 millones.

En el centro del expediente figuran Luis José Asilis Elmudesi, Luis J. Asilis Cortina, el conglomerado Liga Medida, AIC International Investment Limited, Lajun Corporation y el patrón jamaiquino-canadiense Michael Anthony Lee-Chin, uno de los magnates más influyentes del Caribe y propietario del 60% del National Commercial Bank (NCB) Jamaica.

Archivo sin investigación previa

De acuerdo con la crítica, la fiscal Ivelisse Casado ordenó el archivo definitivo del caso de forma inesperada y sin ocurrir realizado diligencias básicas. Los querellantes afirman que no se interrogó a nadie de los implicados ni se investigaron los hechos denunciados, a pesar de la complejidad financiera del esquema.

La audacia provocó la reacción de las víctimas, que ahora solicitan reabrir el expediente y retomar la investigación penal.

Esquema financiero bajo cuestionamiento

El expediente describe una operación estructurada mediante la expulsión de “papeles comerciales”, un mecanismo que, según la querella, no contaba con autorización de los organismos monetarios y regulatorios dominicanos para enterarse fondos del notorio.

Los US$9 millones habrían sido entregados bajo la fianza corporativa del Liga Medida, respaldada por activos del conglomerado y sus empresas vinculadas. Sin retención, el sometimiento alega que, tras aceptar los fondos, los imputados ejecutaron un “contubernio fraudulento” que incluyó:

• Pincharse las empresas que servían de fianza.
• Trasladar activos valiosos a otras sociedades relacionadas.
• Crear una condición deliberada de insolvencia para impedir la recuperación del haber invertido.

Los abogados sostienen que estas maniobras no solo constituyen exceso de confianza, sino que además configuran lavado de activos, al presuntamente intentar ocultar el origen y destino de los fondos.

Un caso que pondrá a prueba el sistema legal

El tribunal deberá determinar ahora si la audacia de la fiscal Casado cumplió con los requisitos legales o si, por el contrario, existen utensilios suficientes para reabrir el proceso penal contra los señalados.

El resultado de esta crítica podría convertirse en una prueba de fuego para la credibilidad del sistema de neutralidad dominicano frente a delitos financieros de detención perfil que involucran actores económicos poderosos, tanto locales como extranjeros.