SANTIAGO.- El mercado binacional que celebran cada lunes y viernes comerciantes dominicanos y haitianos en la provincia de Dajabóndonde se comercializan productos a un costo millonario, se vio muy afectado ayer adecuado a las medidas de restricción para la circulación de las motonetas de tres ruedas que implantó recientemente la Alcaldía de esa aldea.

De su banda, los comerciantes organizados de la vecina comunidad de Juana Méndez decidieron prohibir la circulación de esos vehículoscon lo cual se agravó la situación para los compradores del vecino país, quienes transportan más del 90 por ciento de los artículos que adquieren en el intercambio comercial en motonetas de tres ruedas.

El corregidor municipal de Dajabón, Santiago Riverón, informó que la medida se tomó para evitar problemas de tránsito que estaban ocasionando las motonetas de tres ruedas y que, en muchos casos, están desprovistas de documentos legales.

Ayer, frente a la situación creada tanto por las medidas de la Alcaldía de Dajabón como por las de la Asociación de Comerciantes de Juana Méndezse reunieron a puertas cerradas autoridades aduanales de uno y otro países, es opinar, de Haití y República Dominicanael corregidor municipal, así como representantes de los comerciantes haitianos y dominicanos.

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No obstante, pese a los esfuerzos realizados, no pudo obtenerse una información acabada y completa de los acuerdos a los que habrían arribado las autoridades en ese armonía.

Cada lunes y viernes, decenas de comerciantes dominicanos y haitianos intercambian en el mercado fronterizo productos de la industria franquista, así como de otras clases, incluso artículos para el hogar como electrodomésticos, adicionalmente de licores, calzados y productos para la belleza.

Por la frontera de Haití en la zona boreal asimismo ingresan a la República Dominicana cientos de turistas extranjeros que visitan la vecina nación.

Ayer hizo un trayecto por esa zona el comandante normal del Ejército Franquista de República Dominicana, maduro normal Jorge Iván Camino Pérez, para cerciorarse de que los patrullajes y las interdicciones militares se realizan en el interior del entorno admitido correspondiente y con respeto a los derechos humanos de los migrantes.