EL AUTOR es geodesta y docente universitario. Reside en Santo Domingo.

La República Dominicana necesita reorientar con necesidad su consumición divulgado.

No se comercio de someter derechos ni servicios, sino de eliminar duplicidades.

El Estado ha crecido en oficinas, direcciones y coordinaciones paralelas.
Esa expansión administrativa no se ha traducido en mejores resultados.

En el Servicio de Interior y Policía, la proliferación de direcciones barriales es evidente.

Viceministerios, programas y unidades comunitarias persiguen los mismos fines.

Esta fragmentación eleva el consumición activo entre un 18 % y un 25 %.

Sobre un presupuesto cercano a RD$40,000 millones, el sobrecosto es considerable.

El Viceministerio de Seguridad Preventiva en Sectores Vulnerables ejecuta programas comunitarios.

Estas acciones se solapan con la Dirección de Convivencia y Civilización de Paz.

Ambas realizan mediación, talleres barriales y prevención social del delito.
Dos estructuras distintas operando sobre el mismo país y población.

La Dirección de Décimo Comunitaria reproduce funciones similares.

Coordina juntas de vecinos, liderazgos locales y enlaces territoriales.

En la experiencia, tres dependencias visitan los mismos barrios.
Cada una con presupuesto, personal y discurso institucional propio.

La Dirección de Programas Sociales y Comunitarios amplía la duplicidad existente.

Desarrolla charlas, operativos y comparsa barrial preventivo.
No existe una autoridad única que concentre estas intervenciones.
El ciudadano percibe presencia estatal, pero no soluciones estructurales.

Las Gobernaciones Provinciales, adscritas a Interior y Policía, actúan territorialmente y deberían ser autónomas,
Canalizan demandas comunitarias y coordinan acciones locales del Ejecutante.

Su rol se superpone con direcciones barriales y con los ayuntamientos.

La equivocación de rango clara genera dispersión y pérdida de control.

Interiormente de la Policía Franquista, la Policía Comunitaria cumple funciones sociales.

Mantiene contacto con líderes barriales y ejecuta prevención almacén.

Estas tareas coinciden con las direcciones civiles del Servicio.
La duplicidad aquí es administrativa, operativa y presupuestaria.

Las Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Variedad agregan otra capa institucional.

Realizan diagnósticos, reuniones comunitarias y coordinación almacén.
Sus funciones coinciden con gobernaciones y direcciones comunitarias.

No existe un mando unificado ni una responsabilidad final clara.

Este patrón se repite en otros órganos del Poder Ejecutante.

El Servicio de la Presidencia, el Servicio Funcionario y el MEPyD se solapan.

Los tres coordinan políticas, planes y seguimiento institucional.
La duplicidad estratégica sustituye la eficiencia por burocracia.

En educación, el gobierno ha planteado una combinación administrativa entre MINERD y MESCyT.

No existe solapamiento utilitario, pues uno gestiona educación básica y otro superior.

La duplicidad se limita a áreas administrativas como compras, RR.HH. y planificación.

El hucha estimado, entre RD$5,000 y RD$8,000 millones, es bajo frente a Interior y Policía.

Sumadas estas duplicidades, el sobrecosto estructural del Estado es significativo.

Se estima entre un 1.5 % y un 2 % del PIB anual.
Esto equivale a entre RD$120,000 y RD$160,000 millones cada año.
Posibles suficientes para seguridad, vigor o infraestructura productiva.

Reorientar el consumición divulgado no es un eslogan, es una intrepidez administrativa.

Implica fusionar funciones, eliminar ventanillas repetidas y simplificar estructuras.
El hucha verdadero no está en recortar al ciudadano ni servicios esenciales.
Está en ordenar un Estado que hoy se duplica a sí mismo.

jpm-am